La decisión del juez Peinado de imponer determinadas medidas cautelares a Begoña Gómez ha generado una tormenta política e institucional de gran intensidad. Entre las críticas más repetidas figura la idea de que tales medidas implican desconfiar de la Policía Nacional y de los escoltas encargados de su protección, como si se estuviera sugiriendo que podrían facilitar una eventual fuga.
La reacción ha sido inmediata. Sindicatos policiales indignados, declaraciones institucionales, críticas políticas y hasta movimientos en el seno del Consejo General del Poder Judicial para estudiar la actuación del magistrado.
Sin embargo, conviene hacerse una pregunta sencilla: ¿es realmente tan extravagante que un juez contemple escenarios de riesgo cuando adopta medidas cautelares?
La historia reciente de España invita, al menos, a la prudencia.
Durante años nadie imaginó que Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, pudiera escapar de la Justicia. Y se fugó.
Tampoco parecía imaginable que un presidente autonómico como Carles Puigdemont abandonara España para evitar la acción de los tribunales. Y lo hizo.
Pero el episodio fue aún más llamativo. No solo permaneció durante años fuera del alcance de la Justicia española. En agosto de 2024 regresó a Barcelona, participó en un acto público multitudinario ante miles de personas, pronunció un discurso y volvió a abandonar territorio español sin que pudiera ejecutarse la orden de detención que pesaba sobre él. Independientemente de las explicaciones posteriores, el hecho objetivo es que una persona reclamada por la Justicia entró en España, apareció públicamente en una plaza abarrotada y volvió a desaparecer. Resulta difícil sostener después que cualquier escenario de fuga pertenece exclusivamente al terreno de la imaginación.
Ni que una vicepresidenta de un gobierno extranjero sometida a sanciones de la Unión Europea aterrizara en un aeropuerto español y mantuviera reuniones rodeadas de controversia. Y también ocurrió. El denominado caso Delcy Rodríguez dejó numerosas preguntas políticas y jurídicas que todavía hoy siguen siendo objeto de debate.
La experiencia demuestra que las instituciones están formadas por seres humanos, no por ángeles. Los protocolos fallan, o no se aplican. Los controles fallan, o no se realizan. Las previsiones que parecían innecesarias terminan, a veces, justificándose con el tiempo.
Resulta llamativo que en una sociedad acostumbrada a exigir responsabilidades por no haber previsto los problemas, se critique con tanta dureza a quien precisamente intenta anticiparlos.
Quizá el debate no debería centrarse en si una medida cautelar resulta incómoda o molesta para determinadas personas. La cuestión es otra: ¿debe un juez actuar pensando que los riesgos nunca existen o precisamente porque sabe que, de vez en cuando, sí existen?
La prudencia judicial puede ser discutible. Lo que parece más difícil de sostener es la idea de que determinadas fugas, incumplimientos o episodios controvertidos son imposibles porque afectan a personas relevantes o protegidas por estructuras institucionales.
La experiencia demuestra que los jueces no adoptan medidas cautelares porque desconfíen necesariamente de policías, escoltas o funcionarios. Las adoptan porque saben que la historia está llena de acontecimientos que parecían imposibles hasta el mismo día en que ocurrieron.
La historia española reciente no parece avalar un optimismo tan absoluto como el que algunos reclaman.
Muchos errores institucionales comenzaron con una frase aparentemente razonable:
«Eso nunca va a pasar».
