Hay palabras que, de tanto usarse, terminan por vaciarse. Progreso es una de ellas. Se invoca como un conjuro, como una garantía moral automática, sin necesidad de explicar hacia dónde se avanza, a costa de qué ni para beneficio de quién.
Y, sin embargo, pocas palabras tienen consecuencias tan materiales en la vida de un país.
El progreso auténtico no se mide por el número de ministerios, ni por la intensidad de los discursos, ni por la frecuencia de las campañas institucionales. Se mide por algo mucho más sencillo: si los ciudadanos viven mejor, si sus hijos tienen más oportunidades, si encuentran trabajo con facilidad, si pueden acceder a una vivienda digna, si los servicios públicos funcionan y si existe confianza en las instituciones.
Cuando se observan algunos de estos indicadores, surge una pregunta incómoda: ¿está progresando realmente España?
El progreso se mide en resultados, no en eslóganes
La idea original del progreso era sencilla: mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Más educación, mejor sanidad, empleo estable, igualdad de oportunidades y prosperidad compartida.
Sin embargo, en los últimos años parece haberse producido una transformación silenciosa. El debate político se ha desplazado desde los resultados hacia los relatos. Importa más la proclamación de intenciones que la evaluación de los efectos reales de las políticas.
Pero la realidad tiene una característica incómoda: acaba reflejándose en los datos.
Y los datos, aunque puedan interpretarse de maneras distintas, rara vez mienten durante mucho tiempo.
La pobreza infantil: el indicador más difícil de maquillar
Si existe un indicador capaz de describir el estado real de una sociedad, ese es la situación de sus niños.
Según los últimos informes de UNICEF España y los indicadores europeos AROPE, aproximadamente el 34,8 % de los menores españoles vive en riesgo de pobreza o exclusión social.
Dicho de otra forma: más de uno de cada tres niños.
España se sitúa así entre los países con peores registros de la Unión Europea en este indicador.
Resulta difícil compatibilizar este dato con el discurso oficial de progreso social permanente. Porque un país puede presumir de muchas cosas, pero difícilmente puede celebrar que una tercera parte de sus menores se encuentre en una situación de vulnerabilidad.
La pobreza infantil no se corrige con declaraciones institucionales. Requiere empleo estable para los padres, una educación eficaz, una vivienda accesible y políticas públicas que funcionen.
Cuando los niños empeoran, el futuro empeora con ellos.
La vivienda: el sueño cada vez más lejano
Durante décadas, la compra o el alquiler de una vivienda constituyeron uno de los principales mecanismos de integración social y de construcción de proyectos vitales.
Hoy la situación es distinta.
Los precios de la vivienda han aumentado de forma sostenida mientras los salarios reales apenas han seguido el mismo ritmo. El resultado es una creciente dificultad para emanciparse, especialmente entre los jóvenes.
La edad media de emancipación continúa aumentando y cada vez más personas dependen durante años de la ayuda económica de sus familias para acceder a una vivienda.
Paradójicamente, nunca se ha hablado tanto de justicia social y nunca ha resultado tan difícil para muchos jóvenes desarrollar un proyecto de vida independiente.
Una sociedad progresa cuando facilita la autonomía de sus ciudadanos. Cuando la retrasa indefinidamente, algo empieza a fallar.
El empleo: cuando las estadísticas cuentan solo una parte de la historia
Las cifras oficiales muestran una reducción evidente del desempleo respecto a los niveles existentes hace una década.
Sería absurdo negarlo.
Sin embargo, la evolución reciente del mercado laboral es más compleja de lo que sugieren los titulares.
La reforma laboral ha impulsado de manera significativa la utilización de contratos fijos discontinuos. Muchos trabajadores mantienen una relación contractual formal con la empresa, pero atraviesan periodos prolongados de inactividad durante los cuales no figuran necesariamente en las estadísticas tradicionales de paro registrado.
Por ello, diversos analistas complementan la cifra oficial con otros indicadores, como los demandantes con relación laboral.
La comparación resulta llamativa:
En 2017 el paro registrado se situaba en torno a 3,41 millones de personas.
En 2025 ronda los 2,41 millones.
Sin embargo:
Los demandantes con relación laboral han pasado aproximadamente de 250.000 a 860.000 personas durante el mismo periodo.
Cuando ambas magnitudes se analizan conjuntamente, la reducción observada resulta mucho más moderada: de 3,66 millones de personas en 2017 a 3,27 millones en 2025.
Esto no significa que el empleo no haya mejorado.
Significa que la fotografía es más compleja de lo que sugieren las cifras oficiales aisladas.
La cuestión ya no es únicamente cuántas personas tienen contrato, sino cuántas disfrutan de un empleo estable, productivo y capaz de sostener un proyecto vital.
La sanidad pública: más necesidades, menos capacidad de respuesta
Como médico de urgencias desde hace más de veinticinco años, he visto transformarse profundamente el sistema sanitario.
La sanidad pública española continúa siendo uno de los grandes logros colectivos del país. Pero también atraviesa problemas crecientes que resultan difíciles de ignorar.
Las listas de espera aumentan.
La presión asistencial crece.
La población envejece.
Los profesionales acumulan niveles de agotamiento cada vez mayores.
Y muchas decisiones estratégicas son adoptadas por responsables que apenas conocen la realidad cotidiana de la asistencia sanitaria.
Los hospitales no colapsan de un día para otro.
Se deterioran lentamente.
Primero aparecen pequeñas demoras.
Después se normalizan los retrasos.
Más tarde se acepta como inevitable lo que antes habría resultado escandaloso.
Hasta que la excepción se convierte en rutina.
Hablar de derechos sanitarios es importante.
Mantener operativo el sistema que los hace posibles lo es aún más.
La deuda pública: el bienestar a crédito
La deuda pública española continúa situándose en torno al 100 % del Producto Interior Bruto.
Aunque se ha reducido respecto a los máximos alcanzados durante la pandemia, sigue representando una carga considerable para las generaciones futuras.
Toda deuda implica una realidad sencilla: alguien deberá pagarla.
Financiar el gasto público mediante endeudamiento puede ser razonable en situaciones excepcionales. Convertirlo en una práctica estructural termina por trasladar los costes hacia quienes todavía no participan en la toma de decisiones.
La deuda no desaparece.
Simplemente cambia de propietario temporal.
Y cuanto más se prolonga esta situación, menor es el margen de maniobra para afrontar futuras crisis.
Infraestructuras: el progreso que se oxida
Las infraestructuras rara vez ocupan titulares cuando funcionan correctamente.
Pero son una de las bases materiales del progreso.
Carreteras, ferrocarriles, embalses, redes eléctricas o sistemas de mantenimiento constituyen elementos invisibles que sostienen la actividad cotidiana de millones de personas.
Su deterioro suele ser gradual.
Apenas perceptible.
Hasta que un incidente revela, de golpe, años de abandono, retrasos o inversiones insuficientes.
El reciente accidente ferroviario de Adamuz ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: la distancia que a veces existe entre las inversiones anunciadas y las inversiones efectivamente ejecutadas.
Un país moderno no se construye únicamente con discursos.
También necesita infraestructuras fiables.
Corrupción y degradación institucional
La corrupción no es un fenómeno nuevo en España.
Lo verdaderamente preocupante es que haya dejado de sorprender.
Cada nuevo escándalo parece durar apenas unos días antes de ser sustituido por el siguiente.
La indignación se vuelve efímera.
La responsabilidad se diluye.
Y la sociedad termina acostumbrándose a lo que nunca debería considerarse normal.
El problema de la corrupción no es únicamente el dinero perdido.
Es la erosión de la confianza.
Porque cuando los ciudadanos dejan de creer en sus instituciones, el deterioro se extiende mucho más allá de cualquier balance económico.
La corrupción no solo destruye recursos.
Destruye legitimidad.
Y cuando el Gobierno se dedica a atacar a los Jueces cuando emiten sentencias no favorables a los suyos, el cóctel lítico democrático está servido.
Epílogo: cuando el progreso deja de avanzar
El progreso no se mide por ministerios, eslóganes ni campañas institucionales.
Se mide por escuelas que enseñan, hospitales que curan, empleos que permiten construir un proyecto de vida, viviendas accesibles y niños que crecen con oportunidades.
Algunos indicadores españoles muestran avances.
Otros reflejan estancamiento.
Y algunos, sencillamente, retroceso.
El propósito de una sociedad democrática no debería ser proteger relatos, sino afrontar problemas.
Porque los datos no votan.
No militan.
No participan en campañas electorales.
Simplemente describen la realidad.
Y cuando la realidad empieza a separarse demasiado del discurso oficial, conviene escucharla antes de que sea demasiado tarde.
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