Antecedentes penales: un problema para opositar, no para gobernar.

​Hubo un tiempo —no tan lejano— en el que tener antecedentes penales cerraba muchas puertas.

No era una cuestión ideológica, sino de lógica institucional: quien había sido condenado por un delito difícilmente podía representar al Estado o ejercer determinadas funciones públicas que exigen ejemplaridad.

La legislación española todavía recoge ese principio.

Por ejemplo:

• Para acceder a la función pública se exige, con carácter general, no haber sido condenado por delito doloso que inhabilite para el ejercicio de funciones públicas (Estatuto Básico del Empleado Público).
• Para ejercer profesiones relacionadas con menores es obligatorio aportar el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
• Para ingresar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o en la carrera judicial y fiscal, la exigencia de carecer de antecedentes penales ha sido históricamente un requisito esencial.
• Incluso para trámites aparentemente menores —como determinados permisos administrativos o concesiones públicas— se exige acreditar la ausencia de antecedentes relevantes.

El razonamiento era sencillo:

quien representa al Estado debe tener un historial jurídico compatible con esa responsabilidad.

Sin embargo, en los últimos años se ha producido una paradoja institucional.

Mientras al ciudadano corriente se le exige un expediente limpio para acceder a muchos empleos públicos, en la política ese requisito prácticamente ha desaparecido.

Hoy vemos situaciones que hace décadas habrían sido inconcebibles.

• Diputados o representantes institucionales con condenas penales graves o vinculados a delitos de violencia.
• Colaboradores políticos de procesos declarados ilegales o golpistas que continúan ocupando cargos institucionales o administrativos.
• Altos cargos jurídicos o institucionales bajo condena o imputación que continúan ejerciendo funciones públicas, aunque sea en ámbitos distintos o menores.

La consecuencia es un contraste difícil de explicar.

Un opositor puede quedar excluido de una plaza pública por antecedentes,

pero quien legisla o gobierna puede mantener su cargo tras una condena o después de haber participado en actos contra el propio orden constitucional.

No se trata aquí de discutir ideologías ni partidos.

Se trata de una cuestión más elemental:

la coherencia institucional.

Si el sistema considera que determinados antecedentes penales incapacitan para ser policía, juez, funcionario o profesor, resulta razonable preguntarse:

¿por qué no incapacitan también para legislar, gobernar o representar a los ciudadanos?

Mientras a un ciudadano se le exige un certificado limpio para opositar,

a quien legisla las leyes parece no exigírsele el mismo listón ético.

Las democracias modernas descansan sobre un principio básico:

la confianza pública.

Cuando esa confianza se erosiona, no lo hace solo por la corrupción o por los delitos, sino por algo más profundo:

la sensación de que las reglas no son iguales para todos.

Tal vez haya llegado el momento de recuperar una vieja idea que parecía obvia:

quien aspira a representar al Estado debería cumplir, al menos, las mismas exigencias que se piden al ciudadano que quiere servirlo.

El chándal del jubilao

​Hay prendas que marcan etapas de la vida.

El uniforme escolar, el traje de la boda, la bata del hospital… y finalmente, cuando llega la hora suprema de la existencia civil, aparece el chándal del jubilao.

El chándal del jubilao no es simplemente ropa deportiva. No.

Es una filosofía de vida.

Porque cuando un hombre se jubila descubre un secreto que el sistema ha ocultado durante décadas: la gomilla del pantalón del chándal lo aguanta todo.

El tiempo, las caminatas, el paso de los años… y sobre todo las comidas.

El jubilado que se respeta inicia su jornada enfundándose en su chándal matutino con la solemnidad de un samurái ajustándose la armadura. Y a partir de ahí comienza el periplo diario.

Con el chándal se va:

• al supermercado
• a la farmacia
• a la caminata reglamentaria
• al banco a protestar por la libreta
• a visitar las obras del barrio
• y, en ocasiones especiales, al bar a leer el periódico gratis.

El chándal del jubilao es todoterreno, como el Land Rover de los años 80, pero en versión textil.

Pero el chándal nunca viaja solo.

Como todo uniforme, tiene sus complementos reglamentarios.

Primero están las zapatillas Nike o Adidas del mercadillo del barrio.

Auténticas piezas de ingeniería textil cuya característica principal es que parecen deportivas pero sirven para absolutamente todo menos para hacer deporte.

Luego está la gorra, imprescindible los días de sol, aunque también se usa con lluvia, nublado o viento por pura inercia cultural.

A esto se suman las gafas de sol de lágrima, estilo aviador estadounidense, que convierten al jubilado del barrio en una mezcla improbable entre Clint Eastwood y el encargado de vigilar la obra municipal.

Y finalmente, la gran revolución tecnológica:

los auriculares inalámbricos.

Han sustituido definitivamente al transistor pegado a la oreja que durante décadas retransmitía los domingos de fútbol con una intensidad que solo comprendía quien escuchaba gritar al comentarista:

“¡Gooooool en Las Gaunas!” O “Peligro en La Condomina”

Ahora el jubilao escucha podcasts, tertulias o el parte de la radio mientras camina con las manos en la espalda inspeccionando el progreso de la construcción local.

Porque hay que decirlo: la visita a las obras es el hábitat natural del jubilado en chándal.

Allí, apoyado en la valla metálica, observa el trabajo de los albañiles con gesto experto, aunque jamás haya levantado un tabique en su vida.

—Eso lo están haciendo mal —dice inevitablemente.

El chándal también tiene otra virtud:

es democrático.

Da igual la clase social, la ideología o el nivel cultural. El chándal iguala a todos.

El jubilado en chándal vive en un estado de libertad que los demás mortales apenas podemos imaginar.

Mientras los trabajadores corren de un lado a otro vestidos con ropa incómoda, el jubilao avanza tranquilo por la acera con su uniforme elástico, ajeno a cualquier circunstancia externa o ámbito sociocultural.

El chándal es su declaración de independencia.

Pero como todo llega en la vida, a uno también le llega la hora de la jubilación. Y con ella aparece la gran tentación existencial: el chándal for all day, every day. 

El chándal de piñón fijo, como aquellas bicicletas de la infancia.

Hay que reconocerlo: meterse en un chándal por la mañana es un gustazo.

Y saber que no tendrás que quitártelo en todo el día tiene algo de paraíso doméstico.

Ahora bien, uno debe resistirse.

Porque el problema no es ponerse el chándal.

El problema es convertirse en el jubilao del chándal.

Ese que todo el barrio identifica perfectamente:

“El del chándal burdeos con ribetes rosas, la gorra a juego y las zapatillas del mercadillo.”

Por eso conviene recordar una norma básica de dignidad estética:

El chándal está bien.

Pero el chándal permanente es una pendiente resbaladiza.

Porque cuando uno se da cuenta… ya está apoyado en la valla de una obra, con las manos en la espalda….

Y entonces, amigo mío, ya no hay vuelta atrás.

PP y VOX: razones de Estado para un entendimiento

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España vive una etapa política compleja, marcada por la fragmentación parlamentaria y por alianzas que, en muchos casos, responden más a aritméticas de poder que a proyectos coherentes de país. Esta situación genera una creciente sensación de inestabilidad institucional y de incertidumbre sobre el rumbo político de la nación.

En este contexto, resulta inevitable plantear una cuestión que cada vez se escucha con más frecuencia en la sociedad española: si dos partidos que comparten una parte importante de su diagnóstico sobre la situación del país —el Partido Popular y VOX— deberían ser capaces de articular algún tipo de entendimiento cuando el interés general lo exija.

No se trata de eliminar las diferencias. En democracia es legítimo que existan visiones distintas dentro de un mismo espacio político. Tampoco se trata de renunciar a la competencia electoral, que es el motor natural de cualquier sistema democrático.

Pero sí conviene recordar que hay momentos en la historia de los países en los que las razones de Estado deben situarse por encima de los intereses de partido.

España afronta retos estructurales que requieren estabilidad política y capacidad de decisión: el crecimiento económico, la sostenibilidad del sistema de bienestar, la deuda pública, el reto demográfico o las tensiones territoriales. Ninguno de estos desafíos se resuelve desde la división permanente entre fuerzas que, en lo esencial, comparten buena parte de sus preocupaciones sobre el futuro del país.

En muchas democracias europeas los partidos establecen acuerdos de gobernabilidad cuando la situación lo exige. No es una anomalía democrática: es, precisamente, una muestra de responsabilidad política.

Quizá haya llegado el momento de plantear un acuerdo de mínimos, basado en algunos principios fundamentales:

• Defensa del marco constitucional y del Estado de derecho.

• Estabilidad institucional y seguridad jurídica.

• Igualdad de todos los españoles ante la ley.

• Cooperación parlamentaria en cuestiones estratégicas para el país.

Este tipo de entendimiento no diluye identidades políticas ni elimina el debate democrático. Simplemente reconoce una realidad: cuando está en juego la estabilidad del país, la política debe estar a la altura de la nación.

España ha demostrado en otros momentos de su historia que es capaz de superar etapas difíciles cuando sus dirigentes saben elevar la mirada por encima del corto plazo.

Tal vez la pregunta que hoy conviene hacerse no sea quién gana una batalla partidista, sino algo mucho más importante:

¿quién está dispuesto a anteponer España a su propio interés político?