Hay una pregunta incómoda que apenas se formula en público, pero que muchos ciudadanos se hacen en privado, casi en voz baja, como si nombrarla fuera ya una forma de ingenuidad:
¿Existen hoy los políticos honrados?
Durante décadas, la respuesta parecía relativamente sencilla. Un político debía ser, antes que nada, un ciudadano ejemplar: alguien con formación suficiente para ejercer una función pública, sin antecedentes penales, con una trayectoria vital coherente y una vocación clara de servicio. La política no era una identidad absorbente, sino una responsabilidad temporal, asumida por quien sabía hacer algo más que política.
Hoy, sin embargo, esa figura se nos antoja casi una anomalía.
Una rara avis.
Y, además, desprotegida.
En demasiados casos, el político contemporáneo es alguien que se ha dedicado al partido desde muy joven, cuando no desde la adolescencia, y que ha ido ascendiendo no por méritos profesionales, capacidad técnica o solvencia intelectual, sino por obediencia, lealtad acrítica y disciplina interna. La política deja de ser una forma de servir y pasa a ser una carrera cerrada, una endogamia cuidadosamente protegida.
Muchos de ellos no han ejercido nunca una profesión fuera del partido. No han tenido que responder ante un paciente, un alumno, un cliente o un usuario. No han sentido el peso de una decisión técnica tomada bajo presión ni han vivido las consecuencias reales de un error. No saben lo que es equivocarse en el mundo concreto, donde los fallos no se disuelven en comunicados de prensa ni se amortiguan con consignas.
Y cuando no hay oficio previo, cuando no hay competencia técnica, la política deja de ser vocación y se convierte en medio de vida. En el peor de los casos, en un instrumento de enriquecimiento personal o de protección del propio grupo. El ciudadano deja de ser el fin y pasa a ser un recurso retórico, una excusa que se invoca en campaña y se olvida en la gestión.
Lo más inquietante no es solo la mediocridad, sino la convicción (desfachatez) moral con la que muchos se mueven. Se consideran buenas personas. Incluso necesarias. Elegidas por el destino, casi. Imprescindibles. Como si el simple hecho de ocupar un cargo los situara automáticamente en una posición ética superior. Desde ahí, el desprecio al ciudadano resulta sencillo: quien discrepa es ignorante, manipulable o enemigo.
Hannah Arendt advirtió que «el mayor peligro para la vida pública no es la maldad consciente, sino la incapacidad de pensar». Y esa incapacidad se manifiesta cuando gobernar se reduce a repetir consignas, a obedecer sin comprender y a gestionar sin asumir responsabilidad.
Así, el deterioro de los servicios públicos nunca es responsabilidad política.
Que la educación pierda calidad, que la sanidad se asfixie por recortes y maltrato a los profesionales, que el transporte público falle hasta provocar tragedias con víctimas mortales —como ocurrió en Adamuz— no es consecuencia de decisiones humanas. Es culpa del destino, del cambio climático, de factores externos o, convenientemente, de algún enemigo ideológico.
Nunca de quien gestiona.
Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, recordando que gobernar exige hacerse cargo de las consecuencias de los propios actos. Cuando esa ética desaparece, la política deja de ser un instrumento democrático y se convierte en una coartada: una estructura autorreferencial que se protege a sí misma mientras exige sacrificios a los demás.
Tal vez ha llegado el momento de volver a formular la pregunta inicial con honestidad:
Preguntarnos no qué partido queremos que gobierne, sino qué tipo de personas deben gobernarnos.
Y si aceptaríamos a muchas de ellas como responsables en nuestra propia vida profesional, en nuestra salud, en la educación de nuestros hijos o en la seguridad de nuestros desplazamientos.
Porque gobernar no debería ser un privilegio ni un destino manifiesto.
Debería ser, simplemente, una forma exigente y temporal de servir a los demás.
No se les exige mucho.
