PP y VOX: razones de Estado para un entendimiento

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España vive una etapa política compleja, marcada por la fragmentación parlamentaria y por alianzas que, en muchos casos, responden más a aritméticas de poder que a proyectos coherentes de país. Esta situación genera una creciente sensación de inestabilidad institucional y de incertidumbre sobre el rumbo político de la nación.

En este contexto, resulta inevitable plantear una cuestión que cada vez se escucha con más frecuencia en la sociedad española: si dos partidos que comparten una parte importante de su diagnóstico sobre la situación del país —el Partido Popular y VOX— deberían ser capaces de articular algún tipo de entendimiento cuando el interés general lo exija.

No se trata de eliminar las diferencias. En democracia es legítimo que existan visiones distintas dentro de un mismo espacio político. Tampoco se trata de renunciar a la competencia electoral, que es el motor natural de cualquier sistema democrático.

Pero sí conviene recordar que hay momentos en la historia de los países en los que las razones de Estado deben situarse por encima de los intereses de partido.

España afronta retos estructurales que requieren estabilidad política y capacidad de decisión: el crecimiento económico, la sostenibilidad del sistema de bienestar, la deuda pública, el reto demográfico o las tensiones territoriales. Ninguno de estos desafíos se resuelve desde la división permanente entre fuerzas que, en lo esencial, comparten buena parte de sus preocupaciones sobre el futuro del país.

En muchas democracias europeas los partidos establecen acuerdos de gobernabilidad cuando la situación lo exige. No es una anomalía democrática: es, precisamente, una muestra de responsabilidad política.

Quizá haya llegado el momento de plantear un acuerdo de mínimos, basado en algunos principios fundamentales:

• Defensa del marco constitucional y del Estado de derecho.

• Estabilidad institucional y seguridad jurídica.

• Igualdad de todos los españoles ante la ley.

• Cooperación parlamentaria en cuestiones estratégicas para el país.

Este tipo de entendimiento no diluye identidades políticas ni elimina el debate democrático. Simplemente reconoce una realidad: cuando está en juego la estabilidad del país, la política debe estar a la altura de la nación.

España ha demostrado en otros momentos de su historia que es capaz de superar etapas difíciles cuando sus dirigentes saben elevar la mirada por encima del corto plazo.

Tal vez la pregunta que hoy conviene hacerse no sea quién gana una batalla partidista, sino algo mucho más importante:

¿quién está dispuesto a anteponer España a su propio interés político?

8-M: igualdad, dignidad y la verdadera causa de la mujer

Cada 8 de marzo el mundo recuerda algo que debería ser obvio todos los días del año: la mujer merece respeto, dignidad y plena igualdad de oportunidades. No se trata de una concesión ni de una moda ideológica. Es simplemente justicia.

La historia está llena de mujeres que han sostenido familias, han construido conocimiento, han creado belleza y han contribuido decisivamente al progreso humano. La feminidad —con su inteligencia, sensibilidad, fortaleza y capacidad de cuidado— ha sido una fuerza civilizadora silenciosa pero esencial.

Celebrar el 8-M debería ser precisamente eso: reconocer el valor de la mujer y seguir avanzando hacia una sociedad donde hombres y mujeres cooperen en igualdad, sin discriminaciones ni privilegios.

Sin embargo, en los últimos años el debate se ha contaminado con un fenómeno que poco tiene que ver con la defensa auténtica de la mujer: un ultrafeminismo ideologizado, a menudo vinculado a corrientes “woke”, que transforma una causa justa en una lucha de bloques.

Ese enfoque tiene varios problemas.

Primero, sustituye la igualdad por la confrontación. En lugar de promover la colaboración entre hombres y mujeres, presenta al hombre como adversario o sospechoso colectivo. Esa narrativa no construye sociedades más justas; solo genera resentimiento y polarización.

Segundo, aplica una defensa selectiva de las mujeres. Resulta difícil no percibir el silencio de muchos colectivos ante situaciones dramáticas de opresión femenina en el mundo.

Las mujeres iraníes que arriesgan su vida por quitarse un velo impuesto o por reclamar libertades básicas rara vez ocupan las pancartas de quienes dicen hablar en nombre de todas las mujeres.

Cuando la defensa de la mujer depende del alineamiento ideológico o geopolítico, deja de ser una causa universal para convertirse en una bandera partidista.

Tercero, el debate público se ha simplificado en exceso. Problemas complejos como la violencia dentro del ámbito familiar se reducen a consignas políticas. La violencia contra las mujeres es real y debe combatirse con firmeza, pero también exige análisis rigurosos, políticas eficaces y una visión amplia del fenómeno de la violencia doméstica.

Convertirlo en un arma ideológica no ayuda a las víctimas ni mejora las soluciones.

El verdadero espíritu del 8-M debería ser otro.

Un feminismo integrador que reconozca la dignidad de la mujer sin necesidad de enfrentarla al hombre.

Un movimiento que defienda a todas las mujeres, vivan donde vivan y piensen como piensen.

Y una sociedad que entienda que la igualdad no se alcanza mediante la guerra cultural, sino mediante respeto, educación, oportunidades y justicia.

La causa de la mujer es demasiado importante para reducirla a consignas o a trincheras ideológicas.

Hoy, 8 de marzo, merece ser celebrada con algo más profundo: la convicción de que hombres y mujeres, juntos, construyen una sociedad mejor.

Aquellos hombres buenos

​Hay personas que no hacen ruido al vivir y, sin embargo, dejan un silencio hondo cuando se marchan. Rafael del Campo del Campo fue una de ellas.

Hombre de fe profunda y serena, vivió anclado a unas convicciones que no necesitaban proclamarse. Amó el campo como se ama lo esencial: con respeto, con paciencia, con la sabiduría de quien entiende los ritmos de la tierra y los acepta. La caza, para él, fue tradición, espera noble y contemplación silenciosa.

Su carácter era, en lo esencial, afable y cercano. Como todo ser humano, tenía momentos de crispación, ráfagas breves de carácter que nunca se enquistaban. Se arrepentía pronto y sabía compensar cualquier aspereza con un cariño desbordante, casi urgente, como si no quisiera dejar ninguna herida sin curar. Esa capacidad de volver, de reparar, fue una de sus mayores virtudes.

Su generosidad con el prójimo fue siempre discreta, casi anónima. Nunca entendió el bien como algo que deba pregonarse, consciente de que —como escribió Cervantes— «la virtud más es alabada de quien la usa que de quien la predica». Hizo el bien sin testigos, sabiendo que cuando el bien se exhibe pierde parte de su verdad.

La familia fue siempre el centro de su vida. Sus nietos lo adoraban y lo llamaban Cuí, un nombre pequeño para un afecto inmenso. Para sus sobrinos fue siempre el tío Lilín, figura entrañable, constante, cercana.

La vida le puso pruebas, y las atravesó todas con una dignidad silenciosa, como quien cruza un terreno difícil sin levantar polvo ni perder el paso. Sorteó enfermedades sin perder la alegría ni las ganas de vivir, fiel a esa enseñanza que san Juan Pablo II resumió con sencillez luminosa: «no tengáis miedo», porque quien vive desde la fe y el amor no teme ni siquiera al sufrimiento.

Y cuando llegó el final, lo hizo sin aviso ni estridencias: a los 92 años, con la vitalidad intacta hasta el último aliento. Murió en su casa, en paz, rodeado de los suyos, como si la vida, agradecida, hubiera decidido cerrarse sola.

Nos queda su ejemplo, su forma de estar en el mundo, su huella suave pero imborrable.

Porque hay hombres que no necesitan grandes gestos para ser recordados.

Les basta con haber sido simplemente buenos.

El político honrado: una rara avis desprotegida

​Hay una pregunta incómoda que apenas se formula en público, pero que muchos ciudadanos se hacen en privado, casi en voz baja, como si nombrarla fuera ya una forma de ingenuidad:

¿Existen hoy los políticos honrados?

Durante décadas, la respuesta parecía relativamente sencilla. Un político debía ser, antes que nada, un ciudadano ejemplar: alguien con formación suficiente para ejercer una función pública, sin antecedentes penales, con una trayectoria vital coherente y una vocación clara de servicio. La política no era una identidad absorbente, sino una responsabilidad temporal, asumida por quien sabía hacer algo más que política.

Hoy, sin embargo, esa figura se nos antoja casi una anomalía.

Una rara avis.

Y, además, desprotegida.

En demasiados casos, el político contemporáneo es alguien que se ha dedicado al partido desde muy joven, cuando no desde la adolescencia, y que ha ido ascendiendo no por méritos profesionales, capacidad técnica o solvencia intelectual, sino por obediencia, lealtad acrítica y disciplina interna. La política deja de ser una forma de servir y pasa a ser una carrera cerrada, una endogamia cuidadosamente protegida.

Muchos de ellos no han ejercido nunca una profesión fuera del partido. No han tenido que responder ante un paciente, un alumno, un cliente o un usuario. No han sentido el peso de una decisión técnica tomada bajo presión ni han vivido las consecuencias reales de un error. No saben lo que es equivocarse en el mundo concreto, donde los fallos no se disuelven en comunicados de prensa ni se amortiguan con consignas.

Y cuando no hay oficio previo, cuando no hay competencia técnica, la política deja de ser vocación y se convierte en medio de vida. En el peor de los casos, en un instrumento de enriquecimiento personal o de protección del propio grupo. El ciudadano deja de ser el fin y pasa a ser un recurso retórico, una excusa que se invoca en campaña y se olvida en la gestión.

Lo más inquietante no es solo la mediocridad, sino la convicción (desfachatez) moral con la que muchos se mueven. Se consideran buenas personas. Incluso necesarias. Elegidas por el destino, casi. Imprescindibles. Como si el simple hecho de ocupar un cargo los situara automáticamente en una posición ética superior. Desde ahí, el desprecio al ciudadano resulta sencillo: quien discrepa es ignorante, manipulable o enemigo.

Hannah Arendt advirtió que «el mayor peligro para la vida pública no es la maldad consciente, sino la incapacidad de pensar». Y esa incapacidad se manifiesta cuando gobernar se reduce a repetir consignas, a obedecer sin comprender y a gestionar sin asumir responsabilidad.

Así, el deterioro de los servicios públicos nunca es responsabilidad política.

Que la educación pierda calidad, que la sanidad se asfixie por recortes y maltrato a los profesionales, que el transporte público falle hasta provocar tragedias con víctimas mortales —como ocurrió en Adamuz— no es consecuencia de decisiones humanas. Es culpa del destino, del cambio climático, de factores externos o, convenientemente, de algún enemigo ideológico.

Nunca de quien gestiona.

Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, recordando que gobernar exige hacerse cargo de las consecuencias de los propios actos. Cuando esa ética desaparece, la política deja de ser un instrumento democrático y se convierte en una coartada: una estructura autorreferencial que se protege a sí misma mientras exige sacrificios a los demás.

Tal vez ha llegado el momento de volver a formular la pregunta inicial con honestidad:

Preguntarnos no qué partido queremos que gobierne, sino qué tipo de personas deben gobernarnos.

Y si aceptaríamos a muchas de ellas como responsables en nuestra propia vida profesional, en nuestra salud, en la educación de nuestros hijos o en la seguridad de nuestros desplazamientos.

Porque gobernar no debería ser un privilegio ni un destino manifiesto.

Debería ser, simplemente, una forma exigente y temporal de servir a los demás.

No se les exige mucho. 

Cuando el mérito estorba: el precio de poner “amiguetes” al mando

​     Hay una degradación silenciosa —pero constante— que no suele ocupar titulares hasta que ya es demasiado tarde.

No tiene que ver con falta de presupuesto, ni con falta de profesionales cualificados, ni con “problemas inevitables” del sistema.

Tiene que ver con algo más corrosivo: la sustitución de la gestión técnica por la gestión partidista.

Y cuando eso ocurre, el deterioro de los servicios públicos no es un accidente: es una consecuencia lógica.

El mecanismo del deterioro: cómo se rompe un servicio público desde dentro

El proceso suele repetirse con una precisión casi clínica:

1. Se coloca al frente no al más competente, sino al más afín.
   No se premia el conocimiento, se premia la lealtad.
   La experiencia técnica pasa a ser un adorno… o una amenaza.
2. Los cargos se convierten en recompensas por favores pasados.
   No importa si el puesto exige preparación. Importa si “se lo merece” por el trabajo político realizado, por haber estado “cuando tocaba”, por ser “de los nuestros”.
3. Se niega el déficit para que nada parezca mal gestionado.
   Reconocer un problema es reconocer responsabilidad. Así que se maquilla.
   Se impone la consigna: “Aquí todo funciona”.
4. Se ningunean los avisos de los profesionales.
   Porque los profesionales no suelen decir lo que conviene, sino lo que es verdad.
   Y la verdad incomoda: obliga a actuar, a gastar, a cambiar, a asumir errores.
5. Hasta que llega la tragedia.
   Y entonces el sistema, que llevaba tiempo tocado, se rompe.
   No porque fuera imprevisible, sino porque se eligió no mirar.

Adamuz: cuando los avisos se convierten en epitafio

El accidente de tren de Adamuz ha servido para poner en primer plano algo que muchos profesionales llevan denunciando desde hace años:

en España existe una peligrosa tendencia a despreciar la alerta técnica cuando molesta políticamente.

Cuando el aviso viene de un trabajador que sabe lo que dice —maquinistas, técnicos de mantenimiento, ingenieros, inspectores— debería activarse el máximo nivel de reacción institucional.

Pero demasiadas veces ocurre lo contrario:

• se reduce a una “exageración”
• se interpreta como “alarmismo”
• se convierte en un “problema sindical”
• se trata como si fuera un ataque al gestor, no una advertencia al sistema

Y lo más grave no es el silencio.

Lo más grave es la arrogancia institucional: esa forma de poder que cree que puede gobernar la realidad a base de relato.

La vía no entiende de relatos.

El metal no entiende de consignas.

Y la física no vota.

El patrón se repite en todas partes

Lo que se ve en infraestructuras críticas es el mismo fenómeno que vemos, con otras formas, en otros sectores.

Universidad

La universidad española lleva años contaminada por una endogamia asfixiante:

• plazas diseñadas para “el candidato de casa”
• promociones con apellidos y padrinos
• estructuras de poder internas que funcionan como clanes

El mérito, la competitividad real y el talento externo estorban.

Y el resultado es devastador: mediocridad estructural y fuga de talento, mientras la institución se protege a sí misma.

Sanidad

En sanidad lo pagamos con una moneda aún más cruel: la salud de la gente.

El profesional avisa: falta personal, faltan medios, faltan circuitos, faltan camas, se rompe la continuidad asistencial.

Pero la dirección, a menudo politizada o por designación “de confianza”, responde con el reflejo habitual:

• “no hay problema”
• “los datos no dicen eso”
• “no es para tanto”
• “no queremos alarmismos”

Hasta que llega el colapso.

Y el colapso nunca llega de golpe: llega tras meses o años de negación.

Educación

En educación pasa igual:

• reformas erráticas
• decisiones sin evidencia
• burocracia que asfixia
• evaluación convertida en propaganda

El aula se convierte en laboratorio de ideologías, mientras los docentes intentan sostener el edificio con las manos desnudas.

Administración de Justicia

En la justicia el problema se traduce en:

• saturación
• retrasos
• falta de medios
• sistemas obsoletos

Una justicia lenta no es una justicia imperfecta.

Una justicia lenta es una injusticia institucionalizada.

El peor síntoma: cuando la incompetencia se vuelve sistema

El problema no es solo que se nombre mal.

El problema es que el sistema acaba generando un ecosistema donde:

• la competencia estorba
• la independencia molesta
• la crítica se castiga
• la mediocridad se premia
• la lealtad al superior vale más que la responsabilidad hacia el ciudadano

Entonces la institución deja de servir al público y empieza a servirse a sí misma.

Y eso es lo que define el deterioro:

no la falta de recursos, sino la falta de moral institucional.

Los servicios públicos no se destruyen: se degradan

La degradación no siempre hace ruido.

A veces se manifiesta como un cableado viejo que nadie cambia.

Como una vía que “aguanta”.

Como un protocolo “provisional” que dura diez años.

Como un profesional quemado al que llaman “quejica”.

Como una denuncia ignorada.

Como un informe enterrado.

Hasta que un día ya no aguanta.

Y entonces, como siempre, se improvisa un duelo público:

minutos de silencio, gestos oficiales, frases medidas, discursos vacíos.

Pero el problema no es ese día.

El problema es todo lo que pasó antes, cuando todavía se podía evitar.

Una idea simple: el país no se sostiene con propaganda, se sostiene con competencia

Hay sociedades que protegen la técnica porque entienden algo elemental

un Estado moderno no se gestiona con amiguismo.

Los servicios públicos son demasiado importantes para convertirse en un botín de partido.

La seguridad, la salud, la educación, la justicia, la universidad… no pueden ser campos de recompensa política.

El precio del clientelismo no es una estadística.

Es una vida. O cien.

Y a veces, como en Adamuz, solo hace falta una tragedia para recordarlo.