La historia suele enseñarnos las grandes tragedias cuando ya es demasiado tarde.
Nos preocupamos por la economía, la inmigración, la sanidad o los impuestos. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en una cuestión previa:
¿Qué ocurre cuando quien ocupa el poder pierde el sentido de la realidad o toma decisiones impulsivas, erráticas o guiadas más por su interés personal que por el interés general?
El problema no es que un gobernante cambie de opinión. Rectificar puede ser una virtud.
El problema aparece cuando las posiciones cambian de un día para otro sin una explicación coherente, cuando ayer se defendía una cosa y hoy exactamente la contraria, y el único criterio parece ser la conveniencia política del momento.
Muchos observadores han criticado a Donald Trump precisamente por esa imprevisibilidad. En ocasiones ha mantenido posiciones internacionales radicalmente distintas en muy poco tiempo, generando incertidumbre tanto entre aliados como entre adversarios.
En España tampoco faltan ejemplos recientes de giros políticos que han sorprendido a una parte importante de la ciudadanía. El cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, la política respecto al reconocimiento del Estado palestino o determinadas alianzas parlamentarias han sido decisiones que han suscitado un intenso debate sobre el grado de consenso institucional con el que se adoptaron.
A ello se añade una tendencia preocupante: cuando aparecen escándalos que afectan al entorno político propio, la respuesta no siempre consiste en ofrecer explicaciones, sino en desacreditar a jueces, medios de comunicación o adversarios políticos, como si toda investigación fuera necesariamente una conspiración.
Una democracia necesita gobiernos fuertes.
Pero, sobre todo, necesita gobiernos que acepten límites.
Porque cuando un dirigente llega a convencerse de que él siempre tiene razón, de que cualquier crítica forma parte de una persecución y de que las instituciones existen únicamente para servir a su proyecto personal, el riesgo deja de ser ideológico para convertirse en institucional.
La historia está llena de dirigentes cuya personalidad terminó condicionando el destino de naciones enteras. Algunos fueron auténticos dictadores; otros llegaron al poder por vías democráticas y fueron erosionando poco a poco los contrapesos del sistema.
No todas las decisiones polémicas son fruto de la irracionalidad.
No todos los gobernantes con un carácter fuerte están incapacitados para ejercer el poder.
Pero tampoco deberíamos olvidar que una de las mayores garantías de una democracia consiste en que ningún dirigente, por popular que sea, pueda actuar como si estuviera por encima de las instituciones.
Porque las democracias no suelen desaparecer de un día para otro.
Empiezan a deteriorarse cuando los ciudadanos dejan de exigir prudencia, responsabilidad y rendición de cuentas a quienes gobiernan.
Y entonces ya no importa tanto quién ocupa el poder.
Importa que nadie sea capaz de ponerle límites.
“El mayor peligro para una democracia no es un gobernante con malas ideas; es un gobernante convencido de que nunca se equivoca.”
Y ahora abro una segunda hipótesis:
¿Está nuestro sistema preparado para soportar que llegue al poder una persona profundamente desequilibrada?
No hablo de diferencias ideológicas.
Tampoco de que gobierne la izquierda o la derecha.
Hablo de algo mucho más inquietante: alguien incapaz de aceptar la crítica, convencido de que nunca se equivoca, que cambia de posición según su conveniencia, desprecia los controles institucionales y termina confundiendo el interés del Estado con el suyo propio.
La historia demuestra que el problema no siempre empieza con un golpe de Estado.
A veces comienza con pequeñas decisiones que nadie se atreve a cuestionar.
Con parlamentos que dejan de controlar al Gobierno.
Con diputados que aplauden cualquier ocurrencia del líder.
Con ministros que dejan de discrepar.
Con medios de comunicación que callan.
Con ciudadanos que justifican cualquier cosa porque “los otros son peores”.
Es entonces cuando surge la verdadera pregunta.
¿Para qué existen los contrapesos de una democracia?
Precisamente para protegernos de nuestros propios gobernantes.
Porque la democracia no está diseñada para cuando gobiernan personas prudentes y sensatas.
Está diseñada para limitar el poder de quien un día pueda no serlo.
La separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa, un Parlamento con capacidad real de controlar al Ejecutivo y una oposición fuerte no son obstáculos para gobernar.
Son los cinturones de seguridad de una democracia.
Cuando esos frenos empiezan a debilitarse, el problema deja de ser quién gobierna.
El problema pasa a ser que nadie pueda detenerle.
La historia del siglo XX ofrece demasiados ejemplos de líderes con un enorme poder personal que condujeron a sus países a auténticas catástrofes. Algunos eran fanáticos; otros, profundamente narcisistas; otros gobernaban con un desprecio absoluto por cualquier límite institucional. Lo decisivo no fue solo su personalidad, sino que los frenos del sistema dejaron de funcionar.
Quizá por eso la pregunta importante no sea quién ocupa hoy el poder.
La pregunta verdaderamente importante es esta:
¿Resistirían nuestras instituciones si mañana quien llegara al Gobierno fuera realmente un desequilibrado? Tic tac, tic tac.
