España vive una etapa política compleja, marcada por la fragmentación parlamentaria y por alianzas que, en muchos casos, responden más a aritméticas de poder que a proyectos coherentes de país. Esta situación genera una creciente sensación de inestabilidad institucional y de incertidumbre sobre el rumbo político de la nación.
En este contexto, resulta inevitable plantear una cuestión que cada vez se escucha con más frecuencia en la sociedad española: si dos partidos que comparten una parte importante de su diagnóstico sobre la situación del país —el Partido Popular y VOX— deberían ser capaces de articular algún tipo de entendimiento cuando el interés general lo exija.
No se trata de eliminar las diferencias. En democracia es legítimo que existan visiones distintas dentro de un mismo espacio político. Tampoco se trata de renunciar a la competencia electoral, que es el motor natural de cualquier sistema democrático.
Pero sí conviene recordar que hay momentos en la historia de los países en los que las razones de Estado deben situarse por encima de los intereses de partido.
España afronta retos estructurales que requieren estabilidad política y capacidad de decisión: el crecimiento económico, la sostenibilidad del sistema de bienestar, la deuda pública, el reto demográfico o las tensiones territoriales. Ninguno de estos desafíos se resuelve desde la división permanente entre fuerzas que, en lo esencial, comparten buena parte de sus preocupaciones sobre el futuro del país.
En muchas democracias europeas los partidos establecen acuerdos de gobernabilidad cuando la situación lo exige. No es una anomalía democrática: es, precisamente, una muestra de responsabilidad política.
Quizá haya llegado el momento de plantear un acuerdo de mínimos, basado en algunos principios fundamentales:
• Defensa del marco constitucional y del Estado de derecho.
• Estabilidad institucional y seguridad jurídica.
• Igualdad de todos los españoles ante la ley.
• Cooperación parlamentaria en cuestiones estratégicas para el país.
Este tipo de entendimiento no diluye identidades políticas ni elimina el debate democrático. Simplemente reconoce una realidad: cuando está en juego la estabilidad del país, la política debe estar a la altura de la nación.
España ha demostrado en otros momentos de su historia que es capaz de superar etapas difíciles cuando sus dirigentes saben elevar la mirada por encima del corto plazo.
Tal vez la pregunta que hoy conviene hacerse no sea quién gana una batalla partidista, sino algo mucho más importante:
¿quién está dispuesto a anteponer España a su propio interés político?
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