Estos días hemos vuelto a ver en los medios una imagen que se repite periódicamente en la vida pública española.
Personas que en un momento fueron presentadas como ejemplos de éxito, innovación, excelencia o prestigio institucional aparecen años después vinculadas a investigaciones judiciales por presuntos casos de corrupción, tráfico de influencias o irregularidades en la contratación pública.
La noticia reciente sobre el empresario Carlos Barrabés me hizo recordar una paradoja llamativa. Hace unos años formaba parte del Consejo Asesor del 40.º aniversario de la Constitución y recibió la Medalla de las Cortes Generales de manos de la entonces presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Hoy su nombre vuelve a los titulares por investigaciones judiciales.
Y no es un caso aislado.
La historia reciente está llena de empresarios, políticos, altos cargos, banqueros y personalidades públicas que fueron elevados a la categoría de referentes sociales antes de verse posteriormente envueltos en investigaciones, escándalos o graves controversias.
Naturalmente, una investigación no equivale a una condena. Conviene recordarlo siempre. La presunción de inocencia es uno de los pilares esenciales de cualquier Estado de derecho.
Pero la cuestión que me interesa es otra.
¿Cómo se construye el prestigio?
¿Quién decide qué personas representan el talento, la ejemplaridad o el éxito?
Porque con demasiada frecuencia confundimos notoriedad con mérito, influencia con virtud y cercanía al poder con excelencia.
Y aquí aparece un fenómeno especialmente interesante: los círculos de poder suelen legitimarse entre sí.
Empresarios que asesoran a instituciones. Instituciones que conceden reconocimientos a empresarios. Fundaciones que premian a responsables políticos. Responsables políticos que incorporan a empresarios a consejos asesores. Organismos que distinguen a quienes ya han sido distinguidos por otros organismos.
Se crea así una especie de circuito cerrado de prestigio donde el reconocimiento previo sirve para justificar nuevos reconocimientos.
No siempre ocurre por favoritismo. Muchas veces responde a trayectorias objetivamente brillantes. Pero el mecanismo existe.
Y cuando años después alguno de esos protagonistas termina sentado ante un juez o aparece en una investigación judicial, la sociedad se pregunta inevitablemente si aquellos reconocimientos fueron realmente fruto del mérito o si también influyeron las relaciones, la proximidad al poder o la pertenencia a determinados círculos de influencia.
Las instituciones conceden premios, medallas y cargos honoríficos basándose en la imagen que proyectan determinadas personas en un momento concreto. Sin embargo, el tiempo termina actuando como el auditor más implacable.
Algunas trayectorias salen reforzadas.
Otras no.
Quizá la enseñanza sea que las medallas certifican reconocimiento, pero no garantizan integridad. Del mismo modo que una investigación judicial abre preguntas, pero todavía no ofrece respuestas definitivas.
Por eso conviene ser prudentes tanto en la admiración como en la condena.
La historia demuestra que ni todos los homenajeados merecían serlo tanto, ni todos los investigados acabarán siendo culpables.
Pero sí deja una reflexión incómoda.
El prestigio institucional es una fotografía.
La verdadera reputación es una película completa.
Y, a veces, cuando la película avanza unos años, descubrimos que la fotografía había ocultado más cosas de las que mostraba.
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