Cada año, millones de ciudadanos trabajan, emprenden, invierten o asumen responsabilidades profesionales con la certeza de que una parte importante del fruto de su esfuerzo terminará en las arcas públicas. Es el precio que una sociedad democrática paga para sostener la sanidad, la educación, la seguridad, las pensiones, las infraestructuras y la protección social.
Hasta ahí, pocos discutirían el principio.
La pregunta surge cuando el contribuyente observa la realidad que le rodea.
Trenes que acumulan incidencias y retrasos. Carreteras que esperan inversiones prometidas desde hace años. Ayudas a damnificados que llegan tarde o con cuentagotas. Administraciones cada vez más complejas y burocráticas. Casos de corrupción que se suceden legislatura tras legislatura sin importar el color político.
Y entonces aparece una duda legítima:
¿El problema es que pagamos pocos impuestos o que se gestionan mal los que ya pagamos?
La cuestión adquiere una dimensión aún mayor cuando afecta directamente a la productividad.
Hace unos días trascendía una reflexión del juez Calama durante una declaración judicial al expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero. Comentaba que había rechazado impartir conferencias remuneradas con unos 200 euros porque, una vez descontados impuestos, desplazamientos y tiempo invertido, simplemente no le compensaba.
Más allá de la anécdota, la observación ilustra un fenómeno económico bien conocido: cuando el rendimiento neto de un esfuerzo adicional resulta demasiado bajo, disminuyen los incentivos para realizarlo.
No hablamos de dejar de trabajar, sino de dejar de hacer más.
La guardia extra.
La conferencia.
El artículo científico.
La actividad docente.
La inversión empresarial.
El proyecto innovador.
La hora adicional de esfuerzo.
Cuando el premio percibido por ese esfuerzo disminuye, muchos ciudadanos concluyen que no merece la pena.
La consecuencia es paradójica: una fiscalidad diseñada para recaudar más puede terminar reduciendo parte de la actividad económica que genera riqueza.
Por supuesto, los impuestos son necesarios. Nadie espera una sanidad pública, una red de carreteras o un sistema de protección social financiados por generación espontánea.
Pero tan importante como recaudar es administrar bien.
Porque cada euro malgastado, cada proyecto fallido, cada enchufe, cada caso de corrupción y cada inversión inútil erosionan la confianza del contribuyente.
Y cuando la confianza desaparece, el ciudadano deja de preguntarse cuánto paga y empieza a preguntarse por qué lo paga.
Quizá el debate no debería centrarse únicamente en subir o bajar impuestos.
Quizá la cuestión previa sea mucho más sencilla:
¿Está obteniendo la sociedad el valor que merece por el dinero que entrega al Estado?
Porque si la respuesta es negativa, el problema no es fiscal.
Es institucional.
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