El “y tú más”: el último refugio de la corrupción

​Cada vez que estalla un nuevo caso de corrupción en España, el guion se repite con una precisión casi matemática.

Los ciudadanos esperan explicaciones. Esperan responsabilidades. Esperan dimisiones, colaboración con la Justicia o, al menos, un reconocimiento de lo ocurrido.

Pero lo que reciben suele ser otra cosa.

—«¿Y vosotros qué?»

El conocido “y tú más” se ha convertido en una de las estrategias de defensa política más eficaces… y, al mismo tiempo, más empobrecedoras para la democracia.

Su lógica es tan sencilla como tramposa.

Si un partido es acusado de corrupción, en lugar de responder por sus propios hechos, recuerda inmediatamente los escándalos del adversario. Si unos hablan de los ERE, otros responden con Gürtel. Si aparecen contratos irregulares, se rescatan sobresueldos de hace veinte años. Si hoy se investiga una trama, se desempolva otra distinta.

El debate deja entonces de girar alrededor de los hechos presentes para convertirse en una competición sobre quién robó más.

Pero hay una pregunta incómoda:

¿Desde cuándo la corrupción de unos convierte en aceptable la de otros?

Si un vecino roba una vivienda, ello no absuelve al ladrón de la casa de enfrente.

Si un médico comete una negligencia, no queda exculpado porque otro hospital tuviera una peor.

Y si un gobernante presuntamente delinque, su responsabilidad no disminuye porque otro partido hiciera lo mismo años atrás.

Sin embargo, en política parece haberse instaurado una especie de contabilidad moral donde los delitos propios se compensan con los ajenos.

Es una perversión democrática.

El “y tú más” no busca conocer la verdad, sino diluirla.

No pretende depurar responsabilidades, sino repartirlas hasta que desaparezcan.

No combate la corrupción; la normaliza.

Y lo más preocupante es que acaba contaminando también a la ciudadanía. Muchos ciudadanos dejan de juzgar los hechos para limitarse a defender los colores de su partido, como si la corrupción cambiara de naturaleza según quién la cometa.

La democracia necesita exactamente lo contrario.

Necesita ciudadanos capaces de exigir la misma honestidad a los propios que a los adversarios.

Porque el verdadero problema nunca ha sido que exista corrupción.

El verdadero problema aparece cuando dejamos de indignarnos porque “los otros también lo hicieron”.

Quizá el día que desaparezca el “y tú más”, la corrupción empiece realmente a dar más miedo a quienes la practican.

El progreso de España hacia la ruina (un retrato del sanchismo)

 

Hay palabras que, de tanto usarse, terminan por vaciarse. Progreso es una de ellas. Se invoca como un conjuro, como una garantía moral automática, sin necesidad de explicar hacia dónde se avanza, a costa de qué ni para beneficio de quién.

Y, sin embargo, pocas palabras tienen consecuencias tan materiales en la vida de un país.

El progreso auténtico no se mide por el número de ministerios, ni por la intensidad de los discursos, ni por la frecuencia de las campañas institucionales. Se mide por algo mucho más sencillo: si los ciudadanos viven mejor, si sus hijos tienen más oportunidades, si encuentran trabajo con facilidad, si pueden acceder a una vivienda digna, si los servicios públicos funcionan y si existe confianza en las instituciones.

Cuando se observan algunos de estos indicadores, surge una pregunta incómoda: ¿está progresando realmente España?

El progreso se mide en resultados, no en eslóganes

La idea original del progreso era sencilla: mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Más educación, mejor sanidad, empleo estable, igualdad de oportunidades y prosperidad compartida.

Sin embargo, en los últimos años parece haberse producido una transformación silenciosa. El debate político se ha desplazado desde los resultados hacia los relatos. Importa más la proclamación de intenciones que la evaluación de los efectos reales de las políticas.

Pero la realidad tiene una característica incómoda: acaba reflejándose en los datos.

Y los datos, aunque puedan interpretarse de maneras distintas, rara vez mienten durante mucho tiempo.

La pobreza infantil: el indicador más difícil de maquillar

Si existe un indicador capaz de describir el estado real de una sociedad, ese es la situación de sus niños.

Según los últimos informes de UNICEF España y los indicadores europeos AROPE, aproximadamente el 34,8 % de los menores españoles vive en riesgo de pobreza o exclusión social.

Dicho de otra forma: más de uno de cada tres niños.

España se sitúa así entre los países con peores registros de la Unión Europea en este indicador.

Resulta difícil compatibilizar este dato con el discurso oficial de progreso social permanente. Porque un país puede presumir de muchas cosas, pero difícilmente puede celebrar que una tercera parte de sus menores se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

La pobreza infantil no se corrige con declaraciones institucionales. Requiere empleo estable para los padres, una educación eficaz, una vivienda accesible y políticas públicas que funcionen.

Cuando los niños empeoran, el futuro empeora con ellos.

La vivienda: el sueño cada vez más lejano

Durante décadas, la compra o el alquiler de una vivienda constituyeron uno de los principales mecanismos de integración social y de construcción de proyectos vitales.

Hoy la situación es distinta.

Los precios de la vivienda han aumentado de forma sostenida mientras los salarios reales apenas han seguido el mismo ritmo. El resultado es una creciente dificultad para emanciparse, especialmente entre los jóvenes.

La edad media de emancipación continúa aumentando y cada vez más personas dependen durante años de la ayuda económica de sus familias para acceder a una vivienda.

Paradójicamente, nunca se ha hablado tanto de justicia social y nunca ha resultado tan difícil para muchos jóvenes desarrollar un proyecto de vida independiente.

Una sociedad progresa cuando facilita la autonomía de sus ciudadanos. Cuando la retrasa indefinidamente, algo empieza a fallar.

El empleo: cuando las estadísticas cuentan solo una parte de la historia

Las cifras oficiales muestran una reducción evidente del desempleo respecto a los niveles existentes hace una década.

Sería absurdo negarlo.

Sin embargo, la evolución reciente del mercado laboral es más compleja de lo que sugieren los titulares.

La reforma laboral ha impulsado de manera significativa la utilización de contratos fijos discontinuos. Muchos trabajadores mantienen una relación contractual formal con la empresa, pero atraviesan periodos prolongados de inactividad durante los cuales no figuran necesariamente en las estadísticas tradicionales de paro registrado.

Por ello, diversos analistas complementan la cifra oficial con otros indicadores, como los demandantes con relación laboral.

La comparación resulta llamativa:

• En 2017 el paro registrado se situaba en torno a 3,41 millones de personas.

• En 2025 ronda los 2,41 millones.

Sin embargo:

• Los demandantes con relación laboral han pasado aproximadamente de 250.000 a 860.000 personas durante el mismo periodo.

Cuando ambas magnitudes se analizan conjuntamente, la reducción observada resulta mucho más moderada: de 3,66 millones de personas en 2017 a 3,27 millones en 2025.

Esto no significa que el empleo no haya mejorado.

Significa que la fotografía es más compleja de lo que sugieren las cifras oficiales aisladas.

La cuestión ya no es únicamente cuántas personas tienen contrato, sino cuántas disfrutan de un empleo estable, productivo y capaz de sostener un proyecto vital.

La sanidad pública: más necesidades, menos capacidad de respuesta

Como médico de urgencias desde hace más de veinticinco años, he visto transformarse profundamente el sistema sanitario.

La sanidad pública española continúa siendo uno de los grandes logros colectivos del país. Pero también atraviesa problemas crecientes que resultan difíciles de ignorar.

Las listas de espera aumentan.

La presión asistencial crece.

La población envejece.

Los profesionales acumulan niveles de agotamiento cada vez mayores.

Y muchas decisiones estratégicas son adoptadas por responsables que apenas conocen la realidad cotidiana de la asistencia sanitaria.

Los hospitales no colapsan de un día para otro.

Se deterioran lentamente.

Primero aparecen pequeñas demoras.

Después se normalizan los retrasos.

Más tarde se acepta como inevitable lo que antes habría resultado escandaloso.

Hasta que la excepción se convierte en rutina.

Hablar de derechos sanitarios es importante.

Mantener operativo el sistema que los hace posibles lo es aún más.

La deuda pública: el bienestar a crédito

La deuda pública española continúa situándose en torno al 100 % del Producto Interior Bruto.

Aunque se ha reducido respecto a los máximos alcanzados durante la pandemia, sigue representando una carga considerable para las generaciones futuras.

Toda deuda implica una realidad sencilla: alguien deberá pagarla.

Financiar el gasto público mediante endeudamiento puede ser razonable en situaciones excepcionales. Convertirlo en una práctica estructural termina por trasladar los costes hacia quienes todavía no participan en la toma de decisiones.

La deuda no desaparece.

Simplemente cambia de propietario temporal.

Y cuanto más se prolonga esta situación, menor es el margen de maniobra para afrontar futuras crisis.

Infraestructuras: el progreso que se oxida

Las infraestructuras rara vez ocupan titulares cuando funcionan correctamente.

Pero son una de las bases materiales del progreso.

Carreteras, ferrocarriles, embalses, redes eléctricas o sistemas de mantenimiento constituyen elementos invisibles que sostienen la actividad cotidiana de millones de personas.

Su deterioro suele ser gradual.

Apenas perceptible.

Hasta que un incidente revela, de golpe, años de abandono, retrasos o inversiones insuficientes.

El reciente accidente ferroviario de Adamuz ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: la distancia que a veces existe entre las inversiones anunciadas y las inversiones efectivamente ejecutadas.

Un país moderno no se construye únicamente con discursos.

También necesita infraestructuras fiables.

Corrupción y degradación institucional

La corrupción no es un fenómeno nuevo en España.

Lo verdaderamente preocupante es que haya dejado de sorprender.

Cada nuevo escándalo parece durar apenas unos días antes de ser sustituido por el siguiente.

La indignación se vuelve efímera.

La responsabilidad se diluye.

Y la sociedad termina acostumbrándose a lo que nunca debería considerarse normal.

El problema de la corrupción no es únicamente el dinero perdido.

Es la erosión de la confianza.

Porque cuando los ciudadanos dejan de creer en sus instituciones, el deterioro se extiende mucho más allá de cualquier balance económico.

La corrupción no  solo destruye recursos.

Destruye legitimidad.

Y cuando el Gobierno se dedica a atacar a los Jueces cuando emiten sentencias no favorables a los suyos, el cóctel lítico democrático está servido.

Epílogo: cuando el progreso deja de avanzar

El progreso no se mide por ministerios, eslóganes ni campañas institucionales.

Se mide por escuelas que enseñan, hospitales que curan, empleos que permiten construir un proyecto de vida, viviendas accesibles y niños que crecen con oportunidades.

Algunos indicadores españoles muestran avances.

Otros reflejan estancamiento.

Y algunos, sencillamente, retroceso.

El propósito de una sociedad democrática no debería ser proteger relatos, sino afrontar problemas.

Porque los datos no votan.

No militan.

No participan en campañas electorales.

Simplemente describen la realidad.

Y cuando la realidad empieza a separarse demasiado del discurso oficial, conviene escucharla antes de que sea demasiado tarde.

Cuando la verdad incomoda: la historia que nadie quiso aceptar

​A mediados del siglo XIX, en el Hospital General de Viena, la medicina vivía una paradoja cruel: cuanto más “avanzada” era la atención, más morían las pacientes.

En la Primera Clínica de Maternidad, atendida por médicos y estudiantes, hasta un 30% de las mujeres fallecían tras dar a luz. Fiebres altísimas, dolor insoportable, una evolución rápida hacia la muerte. En la Segunda Clínica, dirigida por matronas, la mortalidad era muy inferior.

Nadie encontraba explicación.

Se hablaba de miasmas, de influencias del aire, incluso de castigos divinos.

Excepto uno.

Ignaz Semmelweis, un joven obstetra, empezó a observar lo que otros no querían ver. No buscaba teorías complejas; buscaba una causa real. Algo medible. Algo que explicara por qué la diferencia entre ambas clínicas era tan brutal.

Y entonces ocurrió el hecho que lo cambió todo.

Su colega, Jakob Kolletschka, murió tras un corte accidental durante una autopsia. La evolución clínica fue idéntica a la de las mujeres con fiebre puerperal.

Semmelweis entendió.

Cada mañana, los médicos comenzaban el día en la sala de disección, manipulando cadáveres con las manos desnudas. No existían guantes, ni antisepsia, ni el concepto mismo de infección como hoy lo entendemos. Después, sin una limpieza real —apenas un lavado superficial— pasaban directamente a la sala de partos.

Y allí, introducían esas manos en el cuerpo de las mujeres.

Hoy lo describiríamos sin ambigüedad:

tejido necrótico y material contaminado cargado de bacterias era transferido directamente al útero, un órgano vulnerable tras el parto, con heridas abiertas y condiciones ideales para la infección.

Entonces, Semmelweis solo pudo llamarlo de una forma:

“partículas cadavéricas”.

La conclusión era devastadora:

👉 no era el aire

👉 no era el destino

👉 eran los médicos

Sin saberlo, estaban actuando como vectores de infección.

Semmelweis tomó una decisión simple y radical: obligó a todo el personal a lavarse las manos con una solución de cal clorada antes de atender a cualquier paciente.

El efecto fue inmediato.

La mortalidad cayó del 18% a cifras cercanas al 1%.

Hubo meses en los que prácticamente desapareció.

Había encontrado la causa.

Había encontrado la solución.

Y, sin embargo, nadie quiso aceptarlo.

Su superior, Johann Klein, rechazó sus conclusiones. La comunidad médica no refutó los datos: los ignoró. Porque aceptar aquello implicaba algo insoportable para la mentalidad de la época:

admitir que el propio acto médico estaba matando pacientes.

El problema ya no era científico.

Era moral.

Era jerárquico.

Era humano.

Semmelweis fue ridiculizado, apartado y finalmente expulsado. Sus publicaciones fueron despreciadas, sus ideas tachadas de exageradas. Mientras tanto, en toda Europa, las mujeres seguían muriendo por una causa evitable.

La impotencia lo consumió.

Se volvió incómodo, insistente, obsesivo. Escribía a otros médicos llamándolos responsables de esas muertes. Pero el sistema ya lo había señalado.

En 1865, fue engañado para ingresar en un manicomio. Allí fue reducido con violencia, golpeado y encerrado. Una herida en su mano se infectó.

Murió días después por septicemia.

Exactamente por aquello que había enseñado a prevenir.

Décadas más tarde, Louis Pasteur y Joseph Lister demostrarían científicamente la existencia de los gérmenes y validarían lo que Semmelweis ya había probado en la práctica.

Pero él ya no estaba.

La historia de Semmelweis no es solo un episodio de la medicina.

Es una lección incómoda:

• La evidencia no siempre cambia las cosas
• El mérito no siempre es reconocido
• Y la verdad, cuando señala al poder, suele ser rechazada

Porque el mayor obstáculo no fue la falta de conocimiento.

Fue la incapacidad de aceptar sus consecuencias.

Hoy el lavado de manos es un gesto automático.

Pero hubo un tiempo en que decirlo en voz alta significaba enfrentarse a todo un sistema.

Y perder.

La sociedad del favor

​ No empezó como una excepción. Empezó como un síntoma. Casos de dirigentes que alcanzan el poder envueltos en polémicas, trayectorias cuestionadas y decisiones sostenidas en equilibrios frágiles. Instituciones que acogen a formaciones herederas de entornos que en otro tiempo legitimaron la violencia. Escenarios donde incluso se llega a blanquear o exaltar a quienes formaron parte del terror. Todo ello no como episodios aislados, sino como expresión de una inversión de valores éticos que ya no sorprende, porque se ha normalizado.

Pero el verdadero problema no está solo arriba.

Ese paisaje es el reflejo de algo más profundo, más antiguo, más extendido: una sociedad que ha ido desplazando el mérito y el esfuerzo como ejes de progreso, sustituyéndolos por redes de influencia, afinidades interesadas y una cultura del favor que se aprende desde abajo.

Desde etapas tempranas se interioriza una lógica silenciosa. No basta con saber, hay que conocer. No basta con trabajar, hay que posicionarse. Las relaciones dejan de ser un vínculo humano para convertirse en una herramienta. La amistad, en ocasiones, se convierte en inversión. El contacto adecuado pesa más que la capacidad demostrada.

Así se configura una ética deformada.

El enchufismo deja de percibirse como anomalía para instalarse como norma tácita. Se justifica como mecanismo de supervivencia, se disfraza de oportunidad, se diluye en el “siempre ha sido así”. Y en ese proceso, se difuminan las fronteras entre lo aceptable y lo irregular. Favores que cruzan líneas, silencios que encubren, conductas que en otro contexto serían inaceptables, pero que aquí encuentran acomodo.

En este entorno, el individuo que pretende ser íntegro, cumplidor, honesto, queda desplazado.

No porque sea incapaz, sino porque no participa del juego. Porque no intercambia favores, no cultiva dependencias, no acepta atajos. Y eso lo convierte en una figura incómoda, prescindible, fácilmente sustituible por perfiles más adaptados a la lógica dominante. Se produce así una selección adversa: no ascienden necesariamente los más competentes, sino los más eficaces en la gestión de influencias.

Las consecuencias son profundas.

Las instituciones pierden calidad porque no siempre están ocupadas por los mejores. La confianza social se erosiona porque la percepción de justicia se debilita. El esfuerzo deja de ser incentivo cuando no se traduce en resultados. Y la corrupción deja de ser un escándalo excepcional para convertirse en un mecanismo funcional, integrado en la dinámica cotidiana.

El problema, por tanto, no es únicamente quién llega arriba, sino cómo se ha aprendido a ascender desde abajo.

Cuando una sociedad deja de premiar el mérito y normaliza el atajo, no solo se vuelve injusta. Se vuelve ineficiente, frágil, vulnerable. Y lo más inquietante no es la existencia de estas dinámicas, sino su aceptación.

Porque una sociedad no se define por los valores que proclama, sino por los que, en la práctica, recompensa.