La Andalucía que quiero tras el 17-My

A  pocas horas de dar el aldabonazo final de la campaña electoral andaluza, permitidme esta reflexión que permita madurar el voto mañana sábado.

 A partir del 17-My, más que promesas, discursos o bloques ideológicos, muchos ciudadanos solo desean algo sencillo y profundamente difícil: humanidad y sentido común.

No pido políticos partidistas.
Pido políticos humanistas.

Personas capaces de mirar más allá de las siglas, del cálculo electoral o del siguiente titular. Que no piensen primero en su sillón, en su carrera o en la supervivencia de su partido, sino en el ciudadano real: en quien tiene mucho y en quien tiene poco; en quien triunfa y en quien apenas consigue mantenerse a flote.

Andalucía no necesita una guerra permanente entre ricos y pobres, entre unos y otros, entre bandos irreconciliables. Necesita sensatez. Necesita una política que comprenda que la prosperidad de una sociedad no nace del enfrentamiento, sino de la creación de oportunidades.

Ayudar no es repartir subvenciones sin rumbo ni fabricar dependencia.
Ayudar es dar herramientas.
Es permitir que cada persona pueda labrar su propio futuro con dignidad.
Es evitar que nadie quede abandonado, pero también impedir que el esfuerzo pierda valor.

Porque la igualdad mal entendida puede terminar siendo injusta. No todos somos iguales, nunca lo hemos sido ni lo seremos: hay capacidades distintas, talentos distintos, circunstancias distintas y también sacrificios distintos. Pero precisamente por eso debe existir la equidad: una sociedad que permita que cada persona pueda desarrollar al máximo sus capacidades, venga de donde venga.

Que nadie quede atrás (pero de verdad)
Pero tampoco que nadie sea castigado por esforzarse.

Quiero una Andalucía donde el mérito vuelva a tener sentido. Donde trabajar, emprender, estudiar o crear no sea visto con sospecha. Donde la solidaridad no consista en cronificar la dependencia, sino en ayudar a levantarse.

Y, sobre todo, quiero políticos que recuerden algo esencial: gobernar no debería ser conquistar poder sobre la sociedad, sino servirla.

Eso, quizá, sería el verdadero progreso.

¿Merecerlo o conocer a alguien? La erosión de la meritocracia en España.

 

En una sociedad democrática moderna, los cargos técnicos deberían estar ocupados por los más capacitados. Sin embargo, en España asistimos a una preocupante tendencia: la sustitución de la meritocracia por el amiguismo y las afinidades políticas. Esta práctica no solo debilita nuestras instituciones, sino que manda un mensaje devastador a quienes se esfuerzan por formarse: “no importa lo que sabes, sino a quién conoces”.

El valor de la meritocracia

La meritocracia es la idea de que las oportunidades y responsabilidades deben asignarse en función del talento, la preparación y el esfuerzo. Es la base de sistemas educativos sólidos, administraciones eficientes y empresas competitivas. Cuando se respeta, la meritocracia garantiza que las decisiones públicas sean tomadas por personas competentes, formadas y responsables.

En puestos técnicos —como los relacionados con la gestión de emergencias, las infraestructuras críticas, la administración sanitaria o educativa, entre otros— esta idea no es un lujo, sino una necesidad. Sin conocimiento y experiencia, el riesgo de errores graves se multiplica.

El deterioro visible en España

En los últimos años, varios nombramientos han despertado la indignación de expertos y ciudadanos por su falta de justificación técnica. Entre los más recientes:

• La Consejera de Emergencias de la Comunidad  Valenciana durante la crisis por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos): una persona sin experiencia en gestión de emergencias ni formación específica, colocada por afinidad política. El resultado: descoordinación y errores en plena emergencia.

• La presidenta de Red Eléctrica Española, designada sin experiencia previa en el sector energético, en un momento donde la estabilidad eléctrica y la transición energética requieren liderazgo técnico riguroso. Días después, se produjo un apagón que dejó sin suministro a miles de personas. Aunque no se le atribuya la culpa directa, la percepción pública sobre su idoneidad quedó en entredicho.

• El hijo del presidente del Tribunal Constitucional contratado por Telefónica, en un contexto donde la ética institucional exige evitar toda apariencia de trato de favor. ¿Qué mensaje se transmite al ciudadano medio que lucha por entrar en el mercado laboral por méritos propios?

 Y no debemos pasar por alto que esta práctica se extiende también a niveles más bajos de nuestra sociedad. Cada vez son más los cargos —y carguitos— que se reparten entre afines, acompañados de su habitual séquito de asesores. Personas que, en muchos casos, ocupan y se atrincheran en puestos que no han ganado por mérito, esfuerzo ni dedicación. En el peor de los casos, hablamos de individuos completamente ajenos a las competencias necesarias para el cargo que se les ha asignado —o más bien regalado—.

Consecuencias preocupantes

Las consecuencias de estas prácticas no son anecdóticas ni aisladas:

• Instituciones ineficientes: cuando los responsables no tienen preparación, las decisiones son lentas, erráticas o ineficaces. La calidad del servicio público se deteriora.

• Desmotivación profesional: empleados públicos preparados ven cómo los ascensos no dependen del esfuerzo ni del rendimiento, sino de la cercanía al poder. Esto genera apatía y fuga de talento.

• Desafección ciudadana: si los ciudadanos perciben que sus instituciones están dirigidas por "enchufados", la confianza en el sistema se erosiona. La política se ve como un club cerrado, no como una herramienta al servicio del bien común.

La educación y la cultura del esfuerzo, en jaque

Uno de los efectos más graves y silenciosos es el impacto sobre los jóvenes. ¿Qué incentivo tiene un estudiante brillante si observa que los mejores puestos no se ganan con esfuerzo, sino con contactos?

Esta cultura del "enchufe" no solo bloquea el ascenso social, sino que desincentiva la excelencia. El mensaje implícito es devastador: “no importa cuánto te prepares, lo que cuenta es a quién conoces”. Así, condenamos a generaciones enteras a la resignación o la emigración.

¿Qué se puede hacer?

La solución no es sencilla, pero sí urgente. Algunas medidas clave podrían ser:

• Reformar los sistemas de designación pública, exigiendo criterios técnicos verificables para todos los cargos de responsabilidad.

• Transparencia absoluta en los nombramientos, con acceso público a los currículos y méritos de los candidatos.

• Evaluaciones independientes y concursos abiertos para los cargos intermedios y directivos.

• Concienciación ciudadana y presión mediática: como ciudadanos debemos exigir responsabilidad y oponernos activamente al nepotismo.

España no puede permitirse que la mediocridad gane terreno por decreto. Recuperar la meritocracia no es una cuestión ideológica, sino de supervivencia institucional y de justicia para quienes cada día se esfuerzan por construir un país mejor.

Y que nuestros jóvenes no puedan decirnos "¿tanto estudiar para que el listo de turno, el candidato amigo, el militante del partido nos pase por encima por el morro?.  No somos tontos".