Un país que asiste atónito... y cansado
Cada día, titulares de corrupción, privilegios y blindajes sacuden la agenda pública. Da igual el partido o la ideología: el patrón se repite. Contratos opacos, redes clientelares, enchufismo institucionalizado, puertas giratorias y una justicia que, cuando llega, lo hace tarde y mal.
Mientras tanto, la ciudadanía asiste a todo esto con una mezcla de escepticismo, rabia y resignación. “Siempre ha sido así”, dicen algunos. “Todos son iguales”, repiten otros. Y así, poco a poco, se va erosionando no solo la confianza, sino también la voluntad de cambiar las cosas.
La corrupción ya no es la excepción: es la mecánica
Cuando la corrupción se convierte en práctica sistemática y no en error puntual, el sistema democrático empieza a parecer más una fachada que una realidad. Los partidos se blindan, los cargos se reciclan, los escándalos se olvidan con velocidad pasmosa, y nadie asume responsabilidades.
Peor aún: muchos de estos abusos se hacen dentro de la legalidad, porque las reglas del juego se han diseñado para proteger al jugador… no al espectador.
¿Qué podemos hacer?
No todo está perdido. Aunque cueste creerlo, aún hay margen para reaccionar y reconstruir. Pero eso exige más que indignación pasiva: requiere participación activa y compromiso sostenido.
1. Exigir responsabilidad real
No podemos normalizar que quien roba siga en política, ni que quien lo encubre se lave las manos. Hay que exigir responsabilidades, no solo penales, sino políticas y éticas. Y eso empieza por no premiarlos en las urnas.
2. Fortalecer la sociedad civil
Si los partidos han fallado, que no falle la ciudadanía. Existen asociaciones, plataformas, medios independientes y grupos de vigilancia que necesitan apoyo. La presión organizada funciona: expone, incomoda y, a veces, obliga a actuar.
3. Apostar por reformas estructurales
España necesita abrir el debate sobre cambios profundos en su sistema institucional. Algunos ejemplos:
-
Listas abiertas para que podamos elegir personas, no solo siglas.
-
Transparencia obligatoria en contratos públicos y sueldos.
-
Protección real para los denunciantes de corrupción.
-
Inhabilitación política inmediata para corruptos condenados.
-
Y, sobre todo, despolitización efectiva del poder judicial.
¿Sistema roto? No. Sistema secuestrado.
La democracia española no está muerta, pero sí está secuestrada. Por élites que la han convertido en su cortijo particular. Por estructuras diseñadas para la opacidad y la impunidad. Por una cultura política que ha confundido servicio público con reparto de botín.
La buena noticia es que no todo está en sus manos. También está en las nuestras.

España atraviesa momentos delicados. La presión migratoria, la crisis de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos o el desencanto social son solo algunos de los desafíos que exigen respuestas urgentes, reales y valientes. Sin embargo, el Gobierno parece tener otras prioridades: lograr que el catalán, el gallego y el euskera sean lenguas oficiales de la Unión Europea.
En los últimos años hemos visto cómo el debate político se ha empobrecido a niveles preocupantes. Uno de los síntomas más evidentes de este deterioro es el uso indiscriminado del término fascista, sobre todo por parte de sectores de la izquierda, para etiquetar a cualquier persona, movimiento o discurso que se atreva a discrepar de su narrativa oficial. Desde ciudadanos que critican políticas de inmigración hasta quienes defienden valores tradicionales o cuestionan la ideología de género: todos son convenientemente tildados de ultraderechistas, fachas o fascistas. ¿Qué hay realmente detrás de este uso?
🏥 España presume de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y, en términos de formación, es cierto: médicos, enfermeros, técnicos y personal de atención primaria están entre los mejor preparados de Europa. Pero la realidad laboral de estos profesionales es otra cosa. Es precaria. Es desmotivadora. Es inaceptable.
En pleno corazón de Europa, a escasos kilómetros del Congreso de los Diputados y los centros de poder económico de España, el aeropuerto de Madrid-Barajas se ha convertido en el hogar forzado de decenas de personas sin techo. No hablamos de pasajeros varados por retrasos ni mochileros low-cost, sino de seres humanos que han hecho de las terminales su única opción de vida. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Y por qué nadie está hablando de esto con la seriedad que merece?
Cuando hablamos de poder político, pensamos en los rostros conocidos: presidentes, ministros, portavoces, diputados. Sin embargo, en los pasillos, despachos cerrados y chats cifrados se mueve otro tipo de poder, más silencioso pero no menos influyente: el de los asesores, cargos de confianza y jefes de gabinete. Personas que no han sido elegidas por nadie, pero que muchas veces deciden más que aquellos que sí pasaron por las urnas.