viernes, 23 de enero de 2026

Cuando el mérito estorba: el precio de poner “amiguetes” al mando

​     Hay una degradación silenciosa —pero constante— que no suele ocupar titulares hasta que ya es demasiado tarde.


No tiene que ver con falta de presupuesto, ni con falta de profesionales cualificados, ni con “problemas inevitables” del sistema.


Tiene que ver con algo más corrosivo: la sustitución de la gestión técnica por la gestión partidista.

Y cuando eso ocurre, el deterioro de los servicios públicos no es un accidente: es una consecuencia lógica.

El mecanismo del deterioro: cómo se rompe un servicio público desde dentro


El proceso suele repetirse con una precisión casi clínica:


  1. Se coloca al frente no al más competente, sino al más afín.
    No se premia el conocimiento, se premia la lealtad.
    La experiencia técnica pasa a ser un adorno… o una amenaza.
  2. Los cargos se convierten en recompensas por favores pasados.
    No importa si el puesto exige preparación. Importa si “se lo merece” por el trabajo político realizado, por haber estado “cuando tocaba”, por ser “de los nuestros”.
  3. Se niega el déficit para que nada parezca mal gestionado.
    Reconocer un problema es reconocer responsabilidad. Así que se maquilla.
    Se impone la consigna: “Aquí todo funciona”.
  4. Se ningunean los avisos de los profesionales.
    Porque los profesionales no suelen decir lo que conviene, sino lo que es verdad.
    Y la verdad incomoda: obliga a actuar, a gastar, a cambiar, a asumir errores.
  5. Hasta que llega la tragedia.
    Y entonces el sistema, que llevaba tiempo tocado, se rompe.
    No porque fuera imprevisible, sino porque se eligió no mirar.


Adamuz: cuando los avisos se convierten en epitafio

El accidente de tren de Adamuz ha servido para poner en primer plano algo que muchos profesionales llevan denunciando desde hace años:


en España existe una peligrosa tendencia a despreciar la alerta técnica cuando molesta políticamente.


Cuando el aviso viene de un trabajador que sabe lo que dice —maquinistas, técnicos de mantenimiento, ingenieros, inspectores— debería activarse el máximo nivel de reacción institucional.


Pero demasiadas veces ocurre lo contrario:


  • se reduce a una “exageración”
  • se interpreta como “alarmismo”
  • se convierte en un “problema sindical”
  • se trata como si fuera un ataque al gestor, no una advertencia al sistema



Y lo más grave no es el silencio.

Lo más grave es la arrogancia institucional: esa forma de poder que cree que puede gobernar la realidad a base de relato.


La vía no entiende de relatos.

El metal no entiende de consignas.

Y la física no vota.



El patrón se repite en todas partes


Lo que se ve en infraestructuras críticas es el mismo fenómeno que vemos, con otras formas, en otros sectores.


Universidad


La universidad española lleva años contaminada por una endogamia asfixiante:


  • plazas diseñadas para “el candidato de casa”
  • promociones con apellidos y padrinos
  • estructuras de poder internas que funcionan como clanes


El mérito, la competitividad real y el talento externo estorban.

Y el resultado es devastador: mediocridad estructural y fuga de talento, mientras la institución se protege a sí misma.


Sanidad

En sanidad lo pagamos con una moneda aún más cruel: la salud de la gente.

El profesional avisa: falta personal, faltan medios, faltan circuitos, faltan camas, se rompe la continuidad asistencial.

Pero la dirección, a menudo politizada o por designación “de confianza”, responde con el reflejo habitual:


  • “no hay problema”
  • “los datos no dicen eso”
  • “no es para tanto”
  • “no queremos alarmismos”

Hasta que llega el colapso.

Y el colapso nunca llega de golpe: llega tras meses o años de negación.


Educación

En educación pasa igual:


  • reformas erráticas
  • decisiones sin evidencia
  • burocracia que asfixia
  • evaluación convertida en propaganda


El aula se convierte en laboratorio de ideologías, mientras los docentes intentan sostener el edificio con las manos desnudas.

Administración de Justicia

En la justicia el problema se traduce en:


  • saturación
  • retrasos
  • falta de medios
  • sistemas obsoletos


Una justicia lenta no es una justicia imperfecta.

Una justicia lenta es una injusticia institucionalizada.



El peor síntoma: cuando la incompetencia se vuelve sistema


El problema no es solo que se nombre mal.

El problema es que el sistema acaba generando un ecosistema donde:


  • la competencia estorba
  • la independencia molesta
  • la crítica se castiga
  • la mediocridad se premia
  • la lealtad al superior vale más que la responsabilidad hacia el ciudadano

Entonces la institución deja de servir al público y empieza a servirse a sí misma.

Y eso es lo que define el deterioro:

no la falta de recursos, sino la falta de moral institucional.


Los servicios públicos no se destruyen: se degradan

La degradación no siempre hace ruido.


A veces se manifiesta como un cableado viejo que nadie cambia.

Como una vía que “aguanta”.

Como un protocolo “provisional” que dura diez años.

Como un profesional quemado al que llaman “quejica”.

Como una denuncia ignorada.

Como un informe enterrado.


Hasta que un día ya no aguanta.


Y entonces, como siempre, se improvisa un duelo público:

minutos de silencio, gestos oficiales, frases medidas, discursos vacíos.


Pero el problema no es ese día.


El problema es todo lo que pasó antes, cuando todavía se podía evitar.


Una idea simple: el país no se sostiene con propaganda, se sostiene con competencia

Hay sociedades que protegen la técnica porque entienden algo elemental

un Estado moderno no se gestiona con amiguismo.

Los servicios públicos son demasiado importantes para convertirse en un botín de partido.

La seguridad, la salud, la educación, la justicia, la universidad… no pueden ser campos de recompensa política.


El precio del clientelismo no es una estadística.

Es una vida. O cien.

Y a veces, como en Adamuz, solo hace falta una tragedia para recordarlo.


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