España atraviesa momentos delicados. La presión migratoria, la crisis de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos o el desencanto social son solo algunos de los desafíos que exigen respuestas urgentes, reales y valientes. Sin embargo, el Gobierno parece tener otras prioridades: lograr que el catalán, el gallego y el euskera sean lenguas oficiales de la Unión Europea.
¿Es esta una necesidad del ciudadano común? No. Es una exigencia política de los socios parlamentarios nacionalistas, y su cumplimiento responde más al afán de mantener el sillón presidencial que a una verdadera política de Estado.
Mientras nuestros diplomáticos negocian con Bruselas sobre la oficialidad de lenguas que no hablan ni el 10% de los europeos, España pierde tiempo, recursos y credibilidad. Se gasta capital político en algo que no cambiará la vida de la mayoría, pero que sí sirve para contentar a unos pocos con poder de bloqueo en el Congreso.
Lo preocupante no es la defensa del patrimonio cultural —que es legítima—, sino la sustitución de las prioridades nacionales por concesiones simbólicas que forman parte de un trueque político constante. Gobernar se ha convertido en resistir. Y resistir, en complacer.
La pregunta es clara:
¿Cuánto más estamos dispuestos a perder como país por mantener un Gobierno sostenido con pactos que solo sirven para sobrevivir para que un presidente sin escrúpulos mantenga su sillón y su impunidad ?
No hay comentarios:
Publicar un comentario