No es la primera vez que pasa. Y cada vez que ocurre, se repite el mismo guion: tensión política en el gobierno y, acto seguido, colapso ferroviario. Trenes parados, sistemas que “fallan”, comunicaciones interrumpidas, caos generalizado… y lo más inaceptable: personas encerradas durante 12 o 15 horas, sin agua, sin información, sin una salida clara.
¿Dónde está el protocolo de rescate?
Una cosa es una avería. Otra muy distinta es la total ausencia de un plan de actuación para asistir a los usuarios atrapados. No hay un protocolo público que garantice el rescate rápido y seguro de quienes quedan varados. ¿Cómo puede ser que, en pleno 2025, cientos de personas queden olvidadas en vagones durante horas sin ninguna respuesta institucional?
Esto no es un simple retraso. Es un abandono en toda regla.
¿Estamos siendo castigados?
Ante la repetición del patrón, la pregunta se impone: ¿el ciudadano está pagando el precio de la inestabilidad política? ¿Es esto una forma encubierta de castigo o presión, una muestra más de que el sistema no protege a quienes lo sostienen? La sensación de fondo es esa: mientras los dirigentes se pelean, es el ciudadano quien sufre en silencio, atrapado en un vagón sin salida.
Exigimos responsabilidad. Exigimos respeto.
La política no puede seguir siendo la excusa del deterioro de los servicios públicos. El transporte ferroviario es un derecho, no un lujo. Y quienes lo usamos a diario no podemos ser rehenes de la incompetencia o de las guerras internas del poder.
Ya basta de improvisar. Ya basta de mirar para otro lado. Lo que se necesita no es un parche ni una rueda de prensa: se necesita un protocolo de rescate inmediato, inversiones reales y un compromiso serio con los ciudadanos. Porque lo que está pasando no es casualidad. Y desde luego, no es normal.
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