En tiempos donde la política debería ser el pilar de la democracia, nos enfrentamos a un escenario vergonzoso: un parlamento corrompido, donde la ética es papel mojado y la honestidad ha sido sustituida por la supervivencia política.
Gobernar con varios imputados por corrupción ya debería ser motivo suficiente para cuestionar la legitimidad moral de cualquier ejecutivo. Pero no. Aquí, los nombres que aparecen en investigaciones judiciales no generan dimisiones, sino blindajes. La justicia avanza con lentitud, mientras los corruptos avanzan con pragmatismo. Y lo más alarmante es que este gobierno, lejos de caer por el peso de sus propios escándalos, se mantiene firme gracias a una red de intereses creados: pactos de conveniencia, intercambios de favores y silencios comprados.
Los escaños ya no representan a la ciudadanía. Representan cuotas de poder. Cada voto a favor del gobierno no es un respaldo a un proyecto político, sino un salvavidas que los diputados se lanzan entre ellos para no hundirse juntos. Los discursos se llenan de palabras como “estabilidad” o “responsabilidad institucional”, cuando en realidad quieren decir “miedo” y “complicidad”.
Lo más triste no es solo que esto ocurra. Lo más triste es que muchos lo justifican. Que gran parte de la población ha normalizado que la corrupción sea parte del juego, como si fuera inevitable. Y no lo es. No debería serlo. Hay alternativas. Hay políticos dignos, aunque parezcan cada vez más arrinconados por un sistema que premia al que calla, al que se pliega, al que cobra favores en vez de pagar con coherencia.
¿Dónde quedó la vergüenza? ¿Dónde están los principios? ¿Cómo llegamos al punto en el que la única prioridad del parlamento es salvarse a sí mismo?
Quizás sea hora de dejar de esperar milagros desde arriba y empezar a exigir cambios desde abajo. Porque mientras el poder siga sostenido por la corrupción, nunca será un poder legítimo. Y porque la dignidad no se negocia. Se ejerce.
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