En España tenemos una habilidad ancestral: convertir cualquier buena idea en un terreno fértil para la picaresca. Y el Salario Mínimo Vital (SMV) no podía ser la excepción.
Nació con una intención noble: garantizar que nadie se quede sin lo básico para vivir. Que ninguna familia, por falta de ingresos, caiga en la indigencia. En teoría, un mecanismo de solidaridad nacional, un colchón social contra la exclusión. Hasta ahí, nada que objetar.
Pero basta con rascar un poco en la realidad —como lo muestra el reciente reportaje sobre el barrio “Los Vikingos” de Córdoba (https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/aqui-trabaja-nadie-come-vital-dentro-barrio-vikingos-cordoba_2025091768cac4eb37083b1b01b569c2.html)— para ver que el SMV también se ha convertido en otra cosa: el modo de vida del caradura. Ese que, pudiendo trabajar, prefiere instalarse cómodamente en la ayuda pública, mientras el resto se levanta cada mañana a sudar por un sueldo que, con suerte, apenas supera lo que él cobra sin mover un dedo.
La escena se repite:
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Personas en edad laboral perfectamente válidas que declaran “aquí nadie trabaja, vivimos de la vital”.
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Familias enteras que normalizan la dependencia como si fuera un derecho hereditario.
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Y un sistema que, lejos de premiar el esfuerzo, acaba castigando al que cotiza y premiando al que esquiva sus responsabilidades.
El problema no es el SMV en sí mismo. El problema es que, en un país donde el trabajo precario campa a sus anchas, donde las inspecciones son laxas y donde se ha cultivado la cultura del atajo, el SMV corre el riesgo de transformarse en un premio a la inacción.
👉 Y aquí entra en juego la eterna paradoja española:
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Si ayudas demasiado, alimentas al caradura.
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Si ayudas poco, castigas al vulnerable.
El pobre de verdad, el que no tiene otra salida, queda atrapado en el estigma de ser “un mantenido”, cuando en realidad solo lucha por sobrevivir. Mientras tanto, el listo de siempre convierte la ayuda en su modus vivendi, justificando su inactividad con frases como “para qué trabajar si ya me lo dan hecho”.
Es injusto para todos:
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Para el trabajador honrado, que ve cómo sus impuestos financian la holgazanería de otros.
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Para el vulnerable real, que acaba metido en el mismo saco del estigma.
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Y para la sociedad entera, que perpetúa guetos de dependencia en lugar de abrir puertas a la integración.
La solución no pasa por eliminar el SMV, ni mucho menos. La solución pasa por condicionarlo: formación obligatoria, itinerarios de inserción laboral, control férreo de fraude y temporalidad estricta. Es decir, que el SMV sea lo que debería haber sido desde el principio: un puente hacia la dignidad del trabajo, no una hamaca para la caradura profesional.
Porque al final, lo que duele no es la ayuda al necesitado. Lo que duele es ver cómo el eterno pícaro español, disfrazado de víctima, vuelve a salirse con la suya. Y mientras tanto, el que trabaja, madruga y cotiza se convierte en el tonto útil que sostiene el tinglado.
Quizá sea hora de recordarlo con claridad: la solidaridad es un deber moral y social, la picaresca no. Y si no aprendemos a distinguir entre ambas, corremos el riesgo de convertir el SMV en lo que nunca debió ser: una parodia de justicia social. Además, cuando la brecha entre el SMV y el salario mínimo interprofesional sea cada vez más ajustada, ¡QUIÉN VA A QUERER TRAJAR EN ESTE PAÍS?


El Ejecutivo ha dado luz verde a una nueva restricción: no se podrá fumar en las terrazas de bares ni en espacios públicos compartidos.
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