miércoles, 16 de julio de 2025

📢 ¿Fascistas por pensar diferente? La perversión del lenguaje político en manos de la izquierda

En los últimos años hemos visto cómo el debate político se ha empobrecido a niveles preocupantes. Uno de los síntomas más evidentes de este deterioro es el uso indiscriminado del término fascista, sobre todo por parte de sectores de la izquierda, para etiquetar a cualquier persona, movimiento o discurso que se atreva a discrepar de su narrativa oficial. Desde ciudadanos que critican políticas de inmigración hasta quienes defienden valores tradicionales o cuestionan la ideología de género: todos son convenientemente tildados de ultraderechistas, fachas o fascistas. ¿Qué hay realmente detrás de este uso?


🔍 ¿Qué es el fascismo realmente?

El fascismo es una ideología autoritaria y nacionalista que surgió en Europa a principios del siglo XX, con figuras como Benito Mussolini en Italia y, en su versión más extrema, el nacionalsocialista Adolf Hitler en Alemania. A pesar de sus matices nacionales, el fascismo se caracteriza por:

  1. La exaltación del Estado por encima del individuo.
  2. La eliminación de libertades políticas y civiles.
  3. El uso sistemático de la propaganda y la censura.
  4. El culto al líder carismático.
  5. El uso de la violencia como herramienta política.

Es importante aclarar que el fascismo, aunque históricamente vinculado a la derecha por su nacionalismo, incorporaba elementos intervencionistas en lo económico y un rechazo tanto al liberalismo como al marxismo, lo cual lo ubica en una posición ideológicamente híbrida, incluso con rasgos colectivistas que hoy identificaríamos con sectores de la izquierda autoritaria.

🎭 “Fascista” como insulto: el nuevo comodín de la izquierda

Hoy en día, el término fascista ha dejado de usarse como un concepto político riguroso y se ha convertido en un simple insulto para silenciar. ¿No estás de acuerdo con la inmigración ilegal? ¿Te preocupa la inseguridad? ¿Defiendes la libertad educativa o la propiedad privada? Entonces, según ciertos sectores, eres automáticamente un fascista. Este abuso semántico tiene un objetivo claro: deslegitimar cualquier oposición sin necesidad de argumentar nada.

🇪🇸 El caso Torre Vaqueros: ¿ultraderecha genuina o infiltración interesada?

En manifestaciones sociales recientes en España, como las de Torre Vaqueros, se ha denunciado la presencia de grupos ultras y símbolos que nada tienen que ver con la ciudadanía que protesta. A menudo, estos elementos son usados para justificar la criminalización de todo el movimiento bajo la etiqueta de ultraderecha. Sin embargo, surgen preguntas legítimas:

  1. ¿Quién infiltra a estos grupos?
  2. ¿Por qué aparecen pancartas o símbolos de otras nacionalidades?
  3. ¿A quién beneficia que una protesta legítima acabe asociada con el extremismo?

No son pocos los que sospechan que estas infiltraciones no son espontáneas. ¿Estamos ante provocaciones coordinadas para dar munición mediática a la izquierda y desacreditar el descontento social? No hay pruebas definitivas, pero el patrón se repite sospechosamente.

🔄 La izquierda necesita al “fascista”

Paradójicamente, a la izquierda contemporánea le conviene mantener vivo el fantasma del fascismo. Al construir una amenaza exagerada de ultraderecha, puede:

  1. Movilizar a su electorado apelando al miedo.
  2. Justificar censuras, limitaciones de expresión y medidas autoritarias.
  3. Desviar la atención de sus propios fracasos de gestión.

El resultado es un clima político enrarecido, donde los ciudadanos no pueden expresar opiniones legítimas sin ser estigmatizados. Y en ese clima, el debate desaparece, sustituido por una guerra de etiquetas.

🧠 Conclusión: más pensamiento crítico, menos clichés

No se trata de negar que existen verdaderos movimientos extremistas, ni de justificar actitudes intolerantes. Pero reducir toda disidencia a “fascismo” es profundamente irresponsable y dañino para la democracia. El fascismo fue un fenómeno histórico trágico, no un insulto de uso cotidiano.

Cuando las etiquetas sustituyen al razonamiento, la política deja de ser un espacio de diálogo y se convierte en un campo de trincheras. Y en ese terreno, los únicos que ganan son quienes viven del enfrentamiento.

domingo, 13 de julio de 2025

Sanidad pública española: profesionales excelentes, contratos indignos

🏥 España presume de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y, en términos de formación, es cierto: médicos, enfermeros, técnicos y personal de atención primaria están entre los mejor preparados de Europa. Pero la realidad laboral de estos profesionales es otra cosa. Es precaria. Es desmotivadora. Es inaceptable.

📉 Formarse para emigrar

Según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, en 2023 más de 4.000 médicos solicitaron el certificado de idoneidad para trabajar en el extranjero, lo que supone un aumento del 20% respecto a 2022. Desde 2010, más de 33.000 profesionales sanitarios han pedido estos certificados para irse a trabajar fuera de España. ¿Por qué?

Porque fuera les ofrecen lo que aquí no: estabilidad, mejores sueldos y respeto profesional. Un médico residente que termina su formación puede ganar entre 2.500€ y 4.000€ al mes en Alemania, Reino Unido o Francia. En España, muchos empiezan encadenando contratos de días o semanas por 1.300€ netos mensuales.

🤦‍♂️ ¿Y qué aprendimos tras la pandemia?

Durante el COVID-19, los aplausos en los balcones y las promesas institucionales llenaron titulares. Se habló de “reforzar la sanidad”, de “blindar lo público”, de “dignificar a los profesionales”. Hoy, en 2025, todo eso quedó en nada.

Los contratos por semanas o días siguen siendo la norma. En algunos hospitales y centros de salud, los contratos de sustitución se firman el viernes por la tarde para no pagar todo el fin de semana, o se espera a última hora para justificar que “no hay sustitutos”.

🔒 Cierre de camas y abandono planificado

Cada verano, cientos de camas hospitalarias se cierran por falta de personal, no porque falten enfermeros o médicos dispuestos a trabajar, sino porque no se les contrata a tiempo o se ofrecen condiciones indignas. En algunas comunidades como Madrid, Andalucía o Valencia, se ha llegado a cerrar hasta el 20% de las camas en hospitales públicos durante periodos vacacionales.

Este deterioro no es casualidad: responde a una política de externalización, infradotación presupuestaria y gestión ineficiente, que crea un entorno donde lo privado florece a costa del hundimiento de lo público.

🚨 Deterioro asistencial: el síntoma final

  1. Citas en atención primaria a 12 o 15 días vista.
  2. Urgencias colapsadas por falta de refuerzo de plantilla.
  3. Pacientes crónicos sin seguimiento regular.
  4. Profesionales agotados, rotando por varios centros, sin tiempo ni condiciones para cuidar bien.

Lo peor es que todo esto empuja a la ciudadanía a soluciones de pago: seguros privados, clínicas concertadas, renuncia silenciosa al sistema público.


🧑‍⚕️ Sin condiciones dignas, no hay sanidad digna

No hay sanidad sin profesionales. Y no hay profesionales sin contratos estables, salarios justos y respeto laboral. La situación actual no es culpa de los médicos ni enfermeros que se van: es culpa de un sistema político que no ha estado a la altura. Ni antes, ni durante, ni después de la pandemia.

Aplaudir no basta. Hay que pagarles dignamente. Hay que darles estabilidad. Y sobre todo, hay que dejar de mentir diciendo que “no hay médicos”. Sí los hay. Solo que no están dispuestos a seguir siendo maltratados.

viernes, 11 de julio de 2025

✈️ Barajas: El aeropuerto que se convirtió en refugio invisible

En pleno corazón de Europa, a escasos kilómetros del Congreso de los Diputados y los centros de poder económico de España, el aeropuerto de Madrid-Barajas se ha convertido en el hogar forzado de decenas de personas sin techo. No hablamos de pasajeros varados por retrasos ni mochileros low-cost, sino de seres humanos que han hecho de las terminales su única opción de vida. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Y por qué nadie está hablando de esto con la seriedad que merece?

🧊 El síntoma de un sistema frío

Barajas es ahora un refugio silencioso, con bancos como camas, baños públicos como duchas y cafeterías como únicas fuentes de calor. La mayoría de estas personas sin hogar no están allí por elección, sino por expulsión: de los precios del alquiler, de las listas de espera de servicios sociales, de los albergues saturados, y, en muchos casos, del propio país que les prometió una vida digna. Muchos son migrantes en situación irregular o solicitantes de asilo desbordados por la lentitud del sistema.

🤝 ¿Quién está detrás (o más bien, quién no está)?

Este fenómeno no es nuevo, pero ha crecido de forma alarmante desde 2022. Las ONGs como Cáritas, Médicos del Mundo o Fundación RAIS han alertado de la situación, pero la Administración se pasa la pelota entre el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Nadie asume plenamente la competencia. Ni AENA, la empresa pública gestora del aeropuerto, ni Interior, ni Servicios Sociales, ni Inmigración.

Todo el mundo mira, pero nadie actúa.

💼 ¿Quién “gestiona” a los sin techo en Barajas?

La realidad es aún más cruda: nadie los gestiona formalmente. Algunos sobreviven gracias a la solidaridad espontánea de trabajadores del aeropuerto, taxistas o personal de limpieza que llevan bocadillos o mantas. En paralelo, se ha empezado a hablar de mafias que los “ordenan” dentro de las terminales, reparten espacios y hasta piden “peajes” para no ser desplazados por la policía o por otros grupos. Un submundo sin ley, donde la miseria es moneda y la dignidad, un lujo.

📰 El tratamiento mediático: superficial y estigmatizante

Cuando los medios hablan de ellos, lo hacen desde la anécdota: “Un centenar de sin hogar duerme en Barajas”, sin profundizar en el fracaso sistémico que hay detrás. Sin investigar cómo el aeropuerto más importante del país se ha convertido en símbolo de exclusión urbana. En vez de preguntar por qué están allí, se plantea cómo “sacarlos” para no incomodar la imagen turística.

Barajas no es su hogar. Es lo único que les queda.

El aeropuerto es un símbolo de progreso, movilidad y modernidad. Ver a personas sin hogar vivir allí debería avergonzar a un país que presume de crecimiento económico y récord de turistas. Y debería encender todas las alarmas políticas.

No podemos permitir que los no deseados sean simplemente “reubicados” fuera del campo de visión. Si hay personas viviendo en Barajas, no es por elección. Es porque la ciudad les ha dado la espalda, y el Estado ha mirado hacia otro lado.

Los que mandan sin salir en la foto: así funciona la política de las sombras en España

Cuando hablamos de poder político, pensamos en los rostros conocidos: presidentes, ministros, portavoces, diputados. Sin embargo, en los pasillos, despachos cerrados y chats cifrados se mueve otro tipo de poder, más silencioso pero no menos influyente: el de los asesores, cargos de confianza y jefes de gabinete. Personas que no han sido elegidas por nadie, pero que muchas veces deciden más que aquellos que sí pasaron por las urnas.

¿Quiénes son los que realmente influyen?

Los asesores políticos son una figura necesaria en cualquier gobierno. Pero en España, su proliferación ha convertido lo que debía ser un apoyo técnico en una estructura paralela de poder. Algunos se reparten entre ministerios, partidos, grupos parlamentarios y hasta empresas públicas. Su número exacto es difícil de rastrear: el propio Congreso ha evitado ofrecer cifras desglosadas más de una vez.

Los más influyentes escriben los discursos, deciden qué preguntas se responden y cuáles no, controlan las ruedas de prensa, negocian en nombre de sus jefes, elaboran borradores de leyes e incluso intervienen en estrategias judiciales. Y todo esto sin control democrático, sin comparecencias, sin responsabilidad directa.

Un sueldo blindado y opaco

Muchos de estos asesores ganan sueldos que superan los 80.000€ o 90.000€ al año, con escasa fiscalización. Están fuera del Estatuto del Empleado Público. Su nombramiento y cese depende exclusivamente del político al que sirven, lo que refuerza la lealtad personal por encima de la competencia o la ética.

En algunos casos, se colocan asesores que han sido rechazados por las urnas, imputados o vinculados a escándalos, bajo el cómodo paraguas del “cargo de confianza”.

El problema de fondo: las puertas giratorias del asesorado

Otro fenómeno preocupante es el reciclaje: un asesor puede ser hoy jefe de gabinete de un ministro, mañana pasar a una consultora privada y volver en un par de años con otro partido. Así, se pierde cualquier noción de neutralidad y se refuerza una red clientelar y endogámica donde los de siempre acaban mandando, pase lo que pase en las elecciones.

¿Y los medios? Bien, gracias

Pocas veces se habla de ellos en prensa. No porque no existan, sino porque muchos colaboran directamente con periodistas, filtran información o incluso negocian titulares. Algunos medios acaban contratando ex asesores como “analistas políticos”, cerrando así el círculo del poder invisible.

¿Y ahora qué?

Revisar, auditar y limitar el poder de los asesores no es una cuestión técnica. Es una cuestión democrática. La transparencia no puede aplicarse solo a los cargos públicos visibles. Porque los que mandan sin dar la cara también gobiernan, también condicionan, también hacen país. Y lo hacen sin rendir cuentas.

miércoles, 9 de julio de 2025

Cuando la Corrupción Sostiene al Poder: Un Parlamento Sin Vergüenza

En tiempos donde la política debería ser el pilar de la democracia, nos enfrentamos a un escenario vergonzoso: un parlamento corrompido, donde la ética es papel mojado y la honestidad ha sido sustituida por la supervivencia política.

Gobernar con varios imputados por corrupción ya debería ser motivo suficiente para cuestionar la legitimidad moral de cualquier ejecutivo. Pero no. Aquí, los nombres que aparecen en investigaciones judiciales no generan dimisiones, sino blindajes. La justicia avanza con lentitud, mientras los corruptos avanzan con pragmatismo. Y lo más alarmante es que este gobierno, lejos de caer por el peso de sus propios escándalos, se mantiene firme gracias a una red de intereses creados: pactos de conveniencia, intercambios de favores y silencios comprados.

Los escaños ya no representan a la ciudadanía. Representan cuotas de poder. Cada voto a favor del gobierno no es un respaldo a un proyecto político, sino un salvavidas que los diputados se lanzan entre ellos para no hundirse juntos. Los discursos se llenan de palabras como “estabilidad” o “responsabilidad institucional”, cuando en realidad quieren decir “miedo” y “complicidad”.

Lo más triste no es solo que esto ocurra. Lo más triste es que muchos lo justifican. Que gran parte de la población ha normalizado que la corrupción sea parte del juego, como si fuera inevitable. Y no lo es. No debería serlo. Hay alternativas. Hay políticos dignos, aunque parezcan cada vez más arrinconados por un sistema que premia al que calla, al que se pliega, al que cobra favores en vez de pagar con coherencia.

¿Dónde quedó la vergüenza? ¿Dónde están los principios? ¿Cómo llegamos al punto en el que la única prioridad del parlamento es salvarse a sí mismo?

Quizás sea hora de dejar de esperar milagros desde arriba y empezar a exigir cambios desde abajo. Porque mientras el poder siga sostenido por la corrupción, nunca será un poder legítimo. Y porque la dignidad no se negocia. Se ejerce.

miércoles, 2 de julio de 2025

¿Casualidad o patrón? Cada crisis política, un caos ferroviario

No es la primera vez que pasa. Y cada vez que ocurre, se repite el mismo guion: tensión política en el gobierno y, acto seguido, colapso ferroviario. Trenes parados, sistemas que “fallan”, comunicaciones interrumpidas, caos generalizado… y lo más inaceptable: personas encerradas durante 12 o 15 horas, sin agua, sin información, sin una salida clara.

¿Dónde está el protocolo de rescate?

Una cosa es una avería. Otra muy distinta es la total ausencia de un plan de actuación para asistir a los usuarios atrapados. No hay un protocolo público que garantice el rescate rápido y seguro de quienes quedan varados. ¿Cómo puede ser que, en pleno 2025, cientos de personas queden olvidadas en vagones durante horas sin ninguna respuesta institucional?

Esto no es un simple retraso. Es un abandono en toda regla.

¿Estamos siendo castigados?

Ante la repetición del patrón, la pregunta se impone: ¿el ciudadano está pagando el precio de la inestabilidad política? ¿Es esto una forma encubierta de castigo o presión, una muestra más de que el sistema no protege a quienes lo sostienen? La sensación de fondo es esa: mientras los dirigentes se pelean, es el ciudadano quien sufre en silencio, atrapado en un vagón sin salida.

Exigimos responsabilidad. Exigimos respeto.

La política no puede seguir siendo la excusa del deterioro de los servicios públicos. El transporte ferroviario es un derecho, no un lujo. Y quienes lo usamos a diario no podemos ser rehenes de la incompetencia o de las guerras internas del poder.

Ya basta de improvisar. Ya basta de mirar para otro lado. Lo que se necesita no es un parche ni una rueda de prensa: se necesita un protocolo de rescate inmediato, inversiones reales y un compromiso serio con los ciudadanos. Porque lo que está pasando no es casualidad. Y desde luego, no es normal.

jueves, 26 de junio de 2025

El Tribunal Constitucional y la Ley de Amnistía: ¿Quién vigila a los vigilantes?

El Tribunal Constitucional español ha vuelto a estar en el centro del debate político y jurídico tras avalar recientemente la controvertida ley de amnistía. Más allá del contenido de esta norma —que pretende cerrar heridas del procés independentista catalán—, lo que ha encendido las alarmas es el papel del propio Tribunal: ¿puede un órgano que decide sobre los límites del Estado de Derecho hacerlo sin unanimidad? ¿No se resquebraja su legitimidad cuando sus fallos reflejan más la polarización política que el consenso constitucional?

La esencia del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional no es un tribunal ordinario. Es el intérprete supremo de la Constitución. En teoría, su función es garantizar que las leyes y actuaciones del poder público respeten los principios constitucionales, siendo un órgano independiente, técnico y despolitizado. Su razón de ser es actuar como árbitro neutral cuando los demás poderes del Estado se exceden en sus funciones o vulneran derechos fundamentales.

Pero en la práctica, ese ideal parece cada vez más lejano.

¿Un Tribunal dividido puede proteger la Constitución?

En un país donde la Constitución es la base de convivencia democrática, resulta paradójico que su guardián actúe dividido casi de forma crónica. El reciente aval a la ley de amnistía ha salido adelante con una ajustada mayoría de 7 a 4, reflejando las afinidades ideológicas de los magistrados más que un consenso jurídico sólido.

Esto plantea una inquietud profunda: si la interpretación de la Constitución cambia según la mayoría de turno, el Tribunal deja de ser un garante neutral y se convierte en un actor político más. ¿Dónde queda entonces la seguridad jurídica? ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en un órgano que parece replicar la polarización parlamentaria?

¿Deben elegir los políticos a los jueces constitucionales?

En España, los miembros del Tribunal Constitucional son designados por el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, todos ellos con fuerte peso político. Aunque la intención era asegurar un equilibrio institucional, el resultado ha sido que los magistrados acaban siendo etiquetados como “progresistas” o “conservadores”, según quién los haya propuesto.

Esta lógica partidista erosiona la legitimidad del Tribunal. En lugar de velar por los derechos y el orden constitucional con imparcialidad, parece que algunos magistrados actúan como prolongaciones ideológicas de los partidos que los han promovido. Esto debilita no solo al Tribunal, sino al conjunto del sistema democrático.

¿Es viable la unanimidad?

Exigir unanimidad en todas las decisiones podría parecer una solución, pero también tiene sus riesgos. El consenso forzado puede llevar a decisiones diluidas o ineficaces. Sin embargo, en cuestiones de especial trascendencia constitucional —como una amnistía con implicaciones estructurales para el Estado—, una decisión por consenso o al menos por mayoría cualificada debería ser obligatoria.

La falta de un mínimo acuerdo entre los magistrados no solo evidencia un fallo institucional, sino que proyecta una imagen de fractura constitucional que mina la confianza ciudadana.

Conclusión: el dilema de una democracia madura

En una democracia madura, los contrapesos institucionales deben estar por encima de la lógica partidista. El Tribunal Constitucional debería ser un refugio de neutralidad jurídica, no una arena más del combate político. Reformar su sistema de elección, blindar su independencia y fomentar la cultura del consenso en sus decisiones son pasos urgentes para devolverle el prestigio y la autoridad que el país necesita.

Porque, al final, si el Tribunal Constitucional no puede proteger la Constitución sin ser sospechoso de parcialidad, ¿quién queda para defender la democracia?.